El juez Juan Carlos Checkley Soria declaró improcedente la solicitud de la Procuraduría General del Estado (PGE) para el embargo de las cuentas bancarias y de crédito registradas a nombre del expremier Aníbal Torres por la suma de un millón de soles, quien es investigado por el caso del golpe de Estado.
Este requerimiento se realizó como parte de la investigación acerca de su participación en el presunto delito de rebelión por el Golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Junto a Torres y Castillo, también son investigados la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez; y los exministros del Interior, Willy Huerta; y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.
El monto de la pretensión resarcitoria por concepto de daño causado al Estado ascendente a S/ 67′711.048.33 propuesto por la PGE como reparación civil futura a cobrar de manera solidaria a todos los implicados en este caso. Como los bienes embargados no superan la pretensión económica, mediante el escrito N° 2037-2023, el procurador general del Estado solicitó al Juzgado Supremo que se dicte una medida cautelar en forma de retención a favor del Estados por la suma de S/ 1 000,000 (un millón de soles) de todas las cuentas bancarias que pueda tener el imputado
Así, el Poder Judicial (PJ) le solicitó a la PGE identificar los bancos en los cuales se tienen las cuentas para realizar embargo. Sin embargo, la Procuraduría mencionó que no se podría realizar debido al secreto bancario.
“Por ello se requiere la cooperación de los agentes financieros para indagar respecto de aquellas cuentas que posea el investigado a fin la medida solicitada tenga éxito, asegurándose la probable reparación civil que eventualmente se imponga”, se indica en la la resolución.
La resolución indica que el embargo se declara improcedente “por ahora”. Sin embargo, fuentes de la PGE indicaron al diario Correo que están podrían replantear la solicitud.
