Tras conocer las diligencias por las que se le acusa a Pedro Castillo, el Poder Judicial decidió aprobar la ejecución de las medidas cautelares en su contra.
Fueron más de 8 integrantes del Ministerio Público quienes investigarán y protegerán las investigaciones; en tanto el el personal del Poder Judicial evalúa si las solicitudes de prisión, allanamientos, incautaciones, pertenecen al marco fundamental de ley. En ese sentido, algunos jueces decidieron rechazar los posibles bloqueos en contra de las investigaciones del del mandatario, orquestadas por sus abogados.
A comienzos de este año, uno de los integrantes de la defensa del jefe de Estado, presentó un hábeas corpus contra la fiscal anticorrupción Norah Córdova y los fiscales adjuntos Luis Medina y Luis Mina Abanto, profesionales que participaron de una diligencia en Palacio de Gobierno por el caso Petroperú. Sin embargo, el el juez constitucional Jorge Ramírez lo declaró improcedente.
Este caso pertenece a la denuncia constitucional que presentó la Fiscal de la Nación contra el presidente, el día 11 de octubre por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Por otro lado, el magistrado Manuel Chuyo Zavaleta, declaró procedente el pedido del despacho de Norah Córdova para entrar al Palacio de Gobierno con el fin de incautar información digital con respecto al caso Petroperú.
Del mismo modo, la fiscalía anticorrupción pretendía averiguar acerca de la supuesta reunión que tuvo Karelim López con funcionarios de PetroPerú el 18 de octubre del 2021 en el Palacio.
En ese sentido, una de las decisiones más sonadas en estas últimas semanas, fue la de haber discutido si un presidente de la República puede ser investigado durante sus funciones por parte de las entes correspondientes.
