Estándar y Poor’s (S&P) ha rebajado la calificación de Petroperú a B, citando la fragilidad financiera y operativa de la compañía estatal. La agencia también ha incluido a Petroperú en su lista de la “Vigilancia crediticia negativa”, indicando preocupaciones significativas sobre la capacidad de la empresa para gestionar su baja actual. “Después de más de dos años desde que estalló la crisis, creemos que hay muy poca visibilidad sobre como Petroperú abortará sus crisis y en la eficacia de la gestión hacerlo”, declaró S&P
En paralelo a la rebaja de calificación, los trabajadores de Petroperú, agrupados en la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú S.A., anunciaron una huelga de 48 horas que se iba a iniciar el 30 de mayo. La medida de fuerza fue comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo. La huelga fue suspendida tras diálogos con el Premier Gustavo Adrianzen según informó en Canal N el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petroperú. “Todavía tenemos reuniones pendientes con el Premier”, señaló, subrayando la defensa de la empresa estatal como un acto patriótico.
Deuda millonaria y apoyo del gobierno
Petroperú enfrenta una deuda que asciende a US$8.532 millones, mientras que su patrimonio total es de solo US$1.645 millones. Además de la rebaja de S&P, Fitch Ratings también ha reducido la calificación crediticia de la empresa en tres niveles en los últimos cuatro meses, indicando un alto riesgo de impago.
En respuesta a estos desafíos financieros, la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía, José Arista, han expresado su preocupación y reafirmado el compromiso del Gobierno para apoyar económicamente a Petroperú. Arista envió una carta a Fitch Ratings Latinoamérica, subrayando este respaldo gubernamental días antes de que se hiciera pública la calificación de la empresa estatal.
Necesidad de financiamiento y desafíos futuros
El directorio de Petroperú ha reconocido la necesidad de una inyección de US$2.200 millones para adquirir combustible premium y mantener las operaciones. Sin embargo, también admiten que depender continuamente del financiamiento estatal no es sostenible a largo plazo. En el transcurso de este año, el gobierno ha aportado US$1.300 millones a Petroperú, una cifra comparable a la inversión en la primera fase del mega puerto de Chancay. Pese a este apoyo, los expertos siguen viendo la situación de la empresa como crítica y consideran que las medidas actuales no garantizan su sostenibilidad futura.
