El Gobierno interino de Perú saludó hoy la caída del régimen Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos para controlar los recursos energéticos del país sudamericano, según Caracas, y lo considera responsable de la crisis migratoria en América Latina.
“El gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedente”, señala un comunicado de la Cancillería peruana.
Hace un llamado a “una pronta solución de la situación política en Venezuela”, en la que se respete “las legítimas y genuinas aspiraciones” de los venezolanos “de vivir en democracia con el apoyo de la comunidad regional”.
En rueda de prensa, el presidente Donald Trump advirtió a países de la región a no seguir los pasos de Venezuela o serían objeto de una intervención. El magnate republicano ha sostenido choques diplomáticos con Colombia, Brasil y México por negarse a una presencia militar de EEUU en territorios de esas naciones latinoamericanas.
La administración de José Jerí asumió de manera interina el gobierno peruano el 10 de octubre en su calidad de titular del Congreso nacional, tras la destitución de Dina Boluarte, quien reemplazó al electo presidente Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre del 2022, sentenciado a 11 años de prisión por el cargo de conspiración.
“Perú está convencido que la delincuencia organizada transnacional constituye una grave amenaza para la seguridad hemisférica y la estabilidad de nuestros Estados”, en claro respaldo al argumento de EEUU de la lucha antidroga para justificar la militarización del mar Caribe y los ataques a la llamadas “narcolanchas” que dejan al menos casi 90 muertos desde septiembre del 2025.
EEUU ha insistido en acusar a Venezuela de vínculos con los carteles de la droga y de supuestamente liderar el llamado Cartel de los Soles, designación que entró en vigor desde el pasado 24 de noviembre. El 3 de septiembre el Congreso peruano aprobó declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista, como también lo ha calificado Washington.
Los gobiernos progresistas de Brasil, Colombia, México y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU han criticado a la administración de Trump por utilizar el tema del narcotráfico para criticar a países latinoamericanos que no responden a los intereses de la Casa Blanca y usarlo de pretexto para desconocer la soberanía nacional en la región.
El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú expresa su “preocupación” por las “acciones delictivas de carteles del narcotráfico en Venezuela”, a pesar de que más del 70 por ciento de las drogas salen por el mar del Pacífico, sobre todo de la región andina, de acuerdo a estadisticas sobre los cargamentos ilícitos incautados.
Estados Unidos mantiene siete bases aéreas militares en Colombia, ubicadas en lugares estratégicos de la frontera con Brasil, Ecuador y Venezuela, y espera contar con más instalaciones en Ecuador y otras naciones de la región para una mayor presencia del Comando Sur de EEUU, país que ha perdido influencia ante China en la zona.
El gobierno de Lima “reafirma su compromiso con los principios de los derechos internacionales y de la carta de las Naciones Unidas respecto al mantenimiento de la paz” sin hacer referencia a la cumbre del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), que declaró a América Latina como “zona de paz”.
Ecuador y Perú desataron una crisis diplomática con México al desconocer el derecho de asilo a opositores políticos que denunciaron ser víctimas de una persecución política como fueron los casos del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Blas, en 2024, y la exjefa de Gabinete de Castillo, Betsy Chávez, quien permanece en la Embajada desde la primera semana se noviembre pasado. El gobierno peruano le niega un salvoconducto y el régimen de Quito ingreso a la embajada mexicana para detener a Glas.
