A pocos meses después de que Dina Boluarte llegara a la presidencia de la República, Jaime Quito, un congresista de Perú Libre, presentó una denuncia constitucional contra ella y el primer ministro Alberto Otárola, acusándolos de presunta comisión de los delitos de usurpación de la función pública y aceptación ilegal del cargo.
Además, debido a las posibles violaciones de los derechos humanos durante las manifestaciones ciudadanas que se realizaron tras el fallido golpe de Estado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
La denuncia plantea la prohibición de 10 años para ambas autoridades de desempeñar sus funciones públicas.
Cabe mencionar, que Lucas Ghersi, un experto en derecho, calificó el enfoque de Quito como un “disparate” al recordar que Boluarte asumió el cargo debido a la sucesión constitucional.
“Ella fue elegida en la misma plancha de Pedro Castillo, quien fue vacado por incapacidad moral siguiendo el procedimiento establecido y está preso por golpista. Aplicando las normas de sucesión constitucional le corresponde ejercer la presidencia, aquí no hay por ningún lado una usurpación de funciones ni de cargo. La denuncia constitucional no tiene ninguna base en la realidad, es un manotazo de ahogado”, declaró a Perú21.
Asimismo, Ghersi destacó que el Poder Judicial ha confirmado a través de varias sentencias que la declaratoria de vacancia del cargo de Pedro Castillo “estuvo bien dada”.
En la próxima legislatura, que comienza el 27 de julio próximo, el congresista Quito debe presentar una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
