El gobierno peruano ha implementado una serie de medidas más estrictas para los migrantes venezolanos que residen en el país. Estas nuevas normativas buscan regular su permanencia en el Perú y fomentar su inserción formal en la sociedad. Entre los principales cambios se incluye la obligación de contar con un contrato de trabajo formal para poder renovar los permisos de residencia, lo que limita las posibilidades de aquellos que se encuentran en el sector informal.
Otro punto controvertido es la exigencia de un contrato de alquiler formalizado para poder acreditar una dirección de residencia, lo que ha generado preocupación en la comunidad venezolana, pues muchos migrantes enfrentan dificultades para acceder a contratos debido a su situación económica o a la falta de documentación requerida por los propietarios.
Estas regulaciones han desatado un amplio debate en la sociedad, con voces a favor que argumentan que estas medidas ayudarán a mejorar el orden migratorio y la seguridad en el país, mientras que críticos señalan que podrían incrementar la vulnerabilidad de los migrantes al dejarlos fuera del sistema legal, sin acceso a vivienda ni empleo formal.
Además, estas normas llegan en un contexto de creciente presión migratoria y una economía que aún se recupera de los efectos de la pandemia, lo que ha generado tensiones tanto en la población local como en la comunidad migrante.
Las autoridades han defendido las medidas como necesarias para garantizar una migración ordenada, mientras que organizaciones pro derechos humanos han advertido sobre las posibles repercusiones sociales y humanitarias.
