Perú descarta reclusión de extranjeros extraditados o procesados

El ministro de Justicia, Juan Enrique Alcántara, remarca que la normativa nacional prohíbe el ingreso de presos extranjeros extraditados para cumplir condena en cárceles peruanas y adelanta planes para construir nuevos penales.

Presos extranjeros no serán enviados al Perú. Foto (EL PAÍS)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Alcántara, sostuvo que no es viable recibir en las cárceles peruanas a personas extranjeras extraditadas o procesadas en el extranjero para cumplir condena. Señaló que la idea no se ajusta al marco legal vigente y advirtió que recibir delincuentes de otras nacionalidades sería “contraproducente”.

En ese sentido, aclaró que los acuerdos de extradición del país sólo permiten la repatriación de quien haya cometido delitos en el Perú o de nacionales peruanos que purguen condena en el extranjero. En ese caso, la ley autoriza su traslado a territorio nacional para que enfrenten procesos o cumplan sentencias allí.

Por otro lado, explicó que dicha posición se da en un contexto en el que Estados Unidos y otros países habían solicitado enviar presos extranjeros a cárceles de terceros países. El ministro enfatizó que el Perú no está en condición de aceptar reos de otros fueros sin considerar los tratados internacionales, en especial los convenios de extradición pasiva.

Además, resaltó que el Estado está avanzando en la ejecución de proyectos para ampliar la infraestructura penitenciaria. Entre ellos mencionó la edificación del nuevo penal de Abancay y del Megapenal de Ica, así como la expansión de los recintos internos de Arequipa y Pucallpa.

Finalmente, anunció que con financiamiento internacional próximo a los 800 millones de dólares se potenciará la construcción de dos grandes penales: uno en Huacho, con capacidad para 16.000 internos, y otro en Quiruvilca, apto para 10.000 reclusos. Este esfuerzo se inscribe en una estrategia estatal para aliviar el hacinamiento carcelario, que alcanza niveles críticos, y reforzar la autoridad del sistema penal.