Acciones de reglaje, videovigilancia, seguimiento y chuponeo telefónico fueron cometidas contra periodistas para que resulten responsables de integrar una organización criminal y envolverlos en un proceso penal. Para ello se utilizó la investigación a la red de corrupción judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esto sucedió durante la gestión de la exfiscal Patricia Benavides presuntamente por el descontento frente a artículos críticos haciendo los fiscales.
“Se sienta un grave precedente. Es un claro abuso de poder que una autoridad que se sienta afectada por una nota periodística no recurra a una carta aclaratoria, a un pedido de rectificación, sino que utiliza su poder para involucrar a un periodista en un proceso penal”, mencionó Juan Carlos Tafur, uno de los afectados.
Las acciones de reglaje y chuponeo iniciaron el 5 de abril y se mantuvieron activas hasta un par de días antes del operativo Valkiria V (para la suspensión de Patricia Benavides). Los afectados fueron: Juan Carlos Tafur, César Romero Calle y los abogados Percy León Alva y José Luis Castillo. El Ministerio Público no descarta que otros periodistas estén siendo víctimas de espionaje.
¿Quién está detrás de esto?
El responsable sería Andy Junior Rodríguez Domínguez, fiscal provisional en el despacho contra el Crimen Organizado, justamente con competencia para el caso Cuellos Blancos del Puerto. Andy Rordríguez, acusado de este grave delito contra la libertad de información, mencionó inmediatamente después de que la información fue publicada, que la exfiscal Benavides no tendría nada que ver.
“La doctora Patricia Benavides no tiene nada que ver con actos de seguimiento y vigilancia a periodistas. Eso fue una decisión del equipo especial. Ella no les ordenó nada, no intervino”, indicaron sus allegados.
Como se sabe, Rodríguez es fiscal titular de Arequipa y Benavides lo trasladó a Lima el 25 de agosto de 2022, a la Unidad de Ciberdelincuencia y le asignó al caso Cuellos Blancos del Puerto tan solo tres meses después.
Ocho meses intentando encontrar acciones ilícitas:
“Anoto que es terrible saber que uno ha sido vigilado, espiado, sin saber los motivos y sin la posibilidad de poder defenderse, por el simple hecho de ejercer el periodismo”, sostuvo el periodista Tafur.
Las acciones de reglaje y chuponeo comenzaron el 5 de abril y los afectados de La República tomaron conocimiento de estas acciones a fines de noviembre. La maniobra legal que se intentó utilizar fue incluir a los periodistas entre los sospechosos de una investigación en curso para así poder justificar las actividades contra la prensa. Sin embargo, en los ocho meses de seguimiento no se ha encontró nada ilícito ni una actuación indebida de los periodistas.
“Dudo que sea legal utilizar un caso penal para perseguir a periodistas. Las autoridades del Ministerio Público deberían pronunciarse”, señaló Juan Carlos Tafur.
