El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, presentó el proyecto de ley 6279 para aplicar la pena de muerte en el país por casos de extorsión, sicariato, además de tráfico y abuso sexual de menores.
La propuesta legislativa plantea modificar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, que actualmente solo avala esta medida punitiva para casos de terrorismo y de traición a la patria durante una guerra.
Además, se dicta una disposición transitoria especial para que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Convención IDH), conocido como el Pacto de San José .
Según Aragón, la iniciativa tiene como objetivo “fortalecer la soberanía del Estado para la protección de los derechos fundamentales a la vida e integridad de los niños y niñas”. También busca “desalentar y ejercer coerción efectiva a las personas que pretendan cometer el delito de violación sexual de menores de edad”.
Perú y el Pacto de San José
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, opinó que “no es correcto” que el país se aleje de los parámetros de la Convención IDH, y, por lo tanto de la Corte IDH, ya que “ningún peruano está exento del abuso del poder”.
Plantean cambios al sistema de DD. HH.
En el poder Legislativo se han presentado hasta seis proyectos de ley relacionados con retirar al Perú de la Convención IDH.
En el debate, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, indicó que estas propuestas no tenían sustento ni se encontraban dentro de las leyes aprobadas por el Congreso, ya que solo el poder Ejecutivo puede decidir la salida del Perú de estos organismos internacionales.
¿Cómo denunciar al Perú en la CIDH?
Como se sabe, cualquier peruano puede acudir a la Comisión IDH para denunciar que se han vulnerado sus derechos fundamentales, como a la nacionalidad, a la propiedad privada, a un nombre, a la vida, a la libertad de conciencia, religión, de pensamiento, expresión, rectificación o respuesta.
Estos casos suelen durar un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue víctima de tortura y abuso sexual, recibió las disculpas y reparaciones económicas del Estado peruano 15 años después de haber denunciado el hecho de violación ante las autoridades.
