Pedro Chávarry es el nuevo fiscal de la Nación

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Esta mañana la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público eligió a Pedro Chávarry como sucesor de Pablo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal de la Nación durante el periodo 2018-2021, cargo al que jurará el lunes 23 de julio y será oficialmente el titular del Ministerio Público.

Pedro Chávarry recibió el apoyo de los fiscales supremos Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Victor Gutiérrez y el mismo Pablo Sánchez. Cabe mencionar que este último dijo en reiteradas ocasiones que no buscaría la reelección en el cargo; sin embargo, expresó su preocupación sobre la continuidad en el caso Lava Jato y lavado de activos.

“Esta oportunidad histórica de dirigir al Ministerio Público, con la que me honra la Junta de Fiscales Supremos, constituye para mí un deber de defender la autonomía constitucional del Ministerio Público y de todos los fiscales del Perú”, manifestó Chávarry.

“Así como garantizar a la ciudadanía que fortaleceremos la lucha contra los flagelos que azotan nuestra sociedad, como son la corrupción, el feminicidio y el abuso sexual de menores indefensos”, agregó.

Con esta nueva elección, Chávarry se convierte en el décimo quinto fiscal de la Nación del Perú, desde la creación del Ministerio Público como organismo constitucional autónomo del Estado en 1981.

Lo que debes saber del nuevo fiscal de la Nación

El electo fiscala de la Nación, Pedro Chávarry, fue fiscal supremo a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Inició su carrera como secretario titular del tribunal correccional de Lima en 1980 y un año después, alcanzó una plaza como juez de paz letrado de Lima.

Años después la ex fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, (quien fue condenada a 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito, falsedad genérica, encubrimiento y omisión de denuncia) lo designó fiscal adjunto supremo en 1994. El Consejo Nacional de la Magistratura le retiró su confianza en el 2002, pero fue reincorporado a la carrera judicial en el 2007 tras un acuerdo de solución amistosa con el Estado, ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

B.T.C.