Pedro Castillo enfrentará juicio con 40 testigos y más de 90 pruebas documentales por golpe de Estado

El Poder Judicial dispuso el juicio oral contra el exmandatario y sus exministros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Actualmente Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022.


El expresidente Pedro Castillo y varios de sus exministros irán a juicio por los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario anunció la disolución del Congreso en un intento de golpe de Estado. La Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, emitió la resolución que ordena el auto de enjuiciamiento contra Castillo Terrones y sus coacusados, entre ellos Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

El expediente completo ha sido enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que programará próximamente la fecha y hora del inicio del juicio oral, mientras tanto, la Fiscalía ha denunciado al exmandatario por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública, solicitando una pena privativa de libertad de 34 años.

A Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, se les acusa de complicidad en el intento de golpe. Para ellos, la Fiscalía pide 25 años de prisión y dos años y medio de inhabilitación. En el caso de Aníbal Torres, exjefe del Gabinete y asesor en ese momento, la solicitud es de 15 años de cárcel.

Actualmente, Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022, mientras que Betssy Chávez cumple prisión preventiva en el Anexo de Mujeres de Chorrillos.

En total, la Fiscalía presentará 40 testigos y más de 90 pruebas documentales para sustentar su caso. Además, la Procuraduría General exige una reparación civil de 65 millones de soles a favor del Estado, que deberán asumir todos los imputados en caso de ser hallados culpables.

El juicio marcará un hito en la política peruana y será seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dada la gravedad de los cargos y sus implicancias para la democracia en el país.