El Poder Judicial ordenó la interrupción inmediata del cobro de peajes en los lugares situados en Villa y Punta Negra, decisión que la empresa concesionaria Rutas de Lima deberá acatar sin dilación, a pesar de la apelación que presentó. La resolución judicial N.º 19 del Juzgado Constitucional de Lima Sur formalizó la decisión y fue notificada el pasado martes 4 de noviembre.
La resolución es consecuencia de un hábeas corpus presentado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, que pone en duda la permanencia del cobro en relación con el contrato de concesión actual. De acuerdo con la comuna, la existencia de las garitas infringe el derecho constitucional al libre movimiento de los ciudadanos que transitan por estos sectores de la red vial, especialmente en épocas de alta afluencia.
En su argumentación, el municipio afirmó que los peajes causan impactos económicos y sociales para los habitantes, turistas y usuarios habituales de la zona sur de Lima. El tribunal ya había admitido parcialmente la demanda el 13 de octubre pasado, ordenando la detención de los cobros. No obstante, Rutas de Lima presentó una apelación argumentando que la decisión impactaría la seguridad jurídica y la sostenibilidad del acuerdo.

A pesar de eso, el Poder Judicial aclaró que el recurso no tiene efecto suspensivo, por lo que la orden debe cumplirse de inmediato. “El cumplimiento de la resolución no queda supeditado a la tramitación de la apelación interpuesta por la parte demandada”, señala el documento, precisando que la suspensión del cobro debe realizarse “bajo responsabilidad” y “el mismo día de la notificación”.
Asimismo, el tribunal ordenó que se establezca un incidente procesal para garantizar la ejecución de la sentencia, el cual ha sido enviado al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín. Este órgano tendrá la responsabilidad de vigilar y asegurar el cumplimiento de la medida, en colaboración con las autoridades pertinentes.
La decisión representa un nuevo episodio en la discusión sobre la concesión vial en Lima Sur, y se anticipa que en los días siguientes se determinen las medidas específicas que adoptarán tanto la empresa como los municipios implicados.








