Patricia Benavides volverá a ejercer como fiscal suprema del Ministerio Público tras la anulación de su inhabilitación de 24 meses por parte del Poder Judicial. Su regreso se da en un contexto de polémica, ya que aún no se ha determinado a qué despacho será asignada ni cómo se ajustará su sueldo al limitado presupuesto del Ministerio.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha presentado un nuevo pedido de aclaración a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para resolver inconsistencias en la resolución que ordena la restitución de Benavides. Este nuevo trámite podría prolongar el proceso de reincorporación, lo que añade más incertidumbre a la situación.
Hasta el momento, ni Benavides ni su abogado, Humberto Abanto, han sido informados sobre el día y lugar de su regreso. La JNJ debe aclarar si la designación se realizará en uno de los siete despachos disponibles, ya que los únicos dos que podrían recibirla, las Fiscalías Supremas Anticorrupción, tienen procesos en su contra, lo que plantearía un conflicto de intereses.
La fiscal Espinoza también ha expresado preocupaciones sobre el impacto de la reincorporación de Benavides en el Ministerio Público, dado que existen seis denuncias constitucionales en su contra que aún están bajo investigación. La fiscalía debe evaluar si su retorno sería beneficioso para ambas instituciones.
Por otro lado, se espera que el área de presupuesto del Ministerio confirme si hay recursos suficientes para cubrir el salario de Benavides, dado que se enfrenta a una brecha significativa en su presupuesto. La Ley N° 32185 establece un presupuesto para el año fiscal 2025, pero Espinoza ha señalado que hay una insuficiencia de S/12.484 millones que complica la situación financiera del Ministerio.
