En San Juan de Lurigancho, varios mercados han cerrado sus puertas en apoyo al paro de transportistas, sumando un total de 180 centros de abasto que decidieron no operar este miércoles. Los comerciantes se reunieron en la estación Caja de Agua antes de dirigirse al Congreso de la República, para hacer escuchar sus demandas.
El representante de los mercados de la zona ha reafirmado su compromiso en esta lucha y ha solicitado al Parlamento la derogación de la ley 32108, la cual considera que protege a corruptos y delincuentes. Este cierre ha tenido un impacto significativo en la economía local, con consumidores enfrentando escasez de productos y aumento de precios.
La situación ha generado reacciones diversas entre los ciudadanos, algunos de los cuales expresan su frustración por no poder trabajar tranquilamente. Mientras tanto, la comunidad sigue organizándose para llevar a cabo movilizaciones y asegurar que sus voces sean escuchadas.
El gobierno aún no ha emitido una respuesta clara a las demandas de los comerciantes, lo que deja en suspenso el futuro de esta protesta. La ley 32108, que ha sido objeto de controversia, ha suscitado críticas entre los comerciantes, quienes argumentan que su derogación.
