Varios centros educativos de Lima han informado que suspenden las clases presenciales el jueves 10 de abril debido al paro de transportistas convocado por sindicatos del sector, en protesta por la creciente violencia y extorsiones que afectan a los trabajadores del transporte.
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad del Pacífico (UP) anunciaron, a través de comunicados oficiales, que las clases se realizarán de manera virtual para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
En su declaración, la PUCP expresó su apoyo a los transportistas víctimas de violencia y reiteró su compromiso con la protección de su comunidad. La universidad aclaró que las clases serán virtuales y que el campus permanecerá parcialmente abierto para aquellos con problemas de conectividad. Además, algunos servicios como oficinas docentes, alimentación y espacios de estudio seguirán operando con restricciones, mientras que las actividades administrativas esenciales se llevarán a cabo de forma presencial, bajo previa coordinación.
Por su parte, la Facultad de Odontología de la UNMSM dispuso que sus actividades académicas se realicen en modalidad virtual el jueves 10 de abril, en coordinación con los directores de los departamentos académicos, priorizando la seguridad de toda la comunidad universitaria.
La Universidad del Pacífico también adoptó la misma medida. A través de un comunicado, informó que todas las clases, desde pregrado hasta idiomas, se dictarán de forma virtual, aunque sus instalaciones estarán abiertas para quienes necesiten utilizarlas. Algunos servicios funcionarán de manera restringida, y la universidad continuará vigilando la situación para evaluar si se requieren ajustes.
El paro de transportistas tiene como objetivo visibilizar la crítica situación de inseguridad que enfrentan los conductores en Lima y Callao, generando preocupación tanto entre las autoridades universitarias como en la ciudadanía en general. Las instituciones educativas han subrayado su compromiso con la seguridad de sus comunidades, actuando con responsabilidad ante el contexto de riesgo.