Parlamentario de la bancada de Acción Popular, Leonardo Inga, presentó un proyecto de ley en donde señala que aquellos funcionarios que hagan mal uso de los recursos otorgados para combatir el COVID-19 sean sancionados hasta con 22 años de prisión. Buscando con ello la modificación de 4 artículos del Código Penal e implantar penas más duras.
En los casos de colusión agravada, el funcionario puede ser reprimido con pena privativa a la libertad no menor a 6 años ni mayor a 15 años, según el artículo 134 del Código Penal. Sin embargo; el proyecto busca que en casos como el que se encuentra en país la pena no sea menor de 9 años ni mayor a 22.
Mientras que, en el peculado doloso y culposo del artículo 387º no sea entre 4 a 12 años, sino una pena no menor a 12 años ni mayor a 18 por ser productos de asignación por estado de emergencia. Del mismo modo, la variación del artículo 389º, en donde la malversación de fondos se castiga con pena privativa de la libertad de entre 3 y 8 años; pero la propuesta del parlamentario sería un agravante no menor a 4 ni mayor a 12 años.
Esta medida ha sido propuesta bajo el contexto por el que está atravesando el país, y los diversos recursos que está consignando el Gobierno a municipios del país. Hasta el momento se ha transferido 200 millones de soles a los 1874 municipios para la adquisición de alimentos de primera necesidad y su adecuada distribución a las familias vulnerables. Asimismo, se hizo el pedido de la elaboración de una metodología de trabajo a las autoridades locales para que el dinero no se desvíe a otros fines.
D.V.B.
