Por Oleg Karpóvich
Vicerrector de la Academia Diplomática de Rusia
La transformación de la memoria sobre los acontecimientos trágicos tiene un explícito carácter antirruso.
Bajo la influencia de los Estados recién admitidos en la UE, desde hace mucho tiempo, la evaluación de la naturaleza de la II Guerra Mundial y la actitud hacia los colaboracionistas en los círculos sociales y políticos de varios países de Europa central y oriental, han cambiado drásticamente y asumido un carácter antirruso explícito.
Hasta el inicio de la expansión de la Unión Europea, en las élites políticas de Europa Occidental había un consenso en cuanto a la interpretación de la II Guerra Mundial, el responsable por su comienzo se consideraba Alemania. Los dirigentes de Alemania también reconocían esta responsabilidad. La guerra se percibía como una gran tragedia de los pueblos europeos y otros. Habían sido reconocidas comúnmente varias fechas conmemorativas (Jornadas de Recuerdo y Reconciliación, el Día de la liberación de Auschwitz y otros).
Esa postura se consolidaba debido al hecho de que, hasta los años 80, distintos países de Europa central y oriental habían sido una parte integral del bloque socialista. El cambio radical posterior del sistema sociopolítico lanzó el proceso de revisión de la historia de la II Guerra Mundial.
Teniendo en cuenta lo que varios Estados que habían cooperado manifiestamente con Alemania nazi (Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, y otros) procuraban justificarse y endosar la responsabilidad por la tragedia a la URSS, muchas entidades, que antes se habían encargado de la investigación de los crímenes del nazismo, cambiaron sus posturas rápidamente y se echaron a investigar los crímenes del comunismo. Una gran parte de historiadores se concentró en formar la percepción del Pacto Ribbentrop-Mólotov como un motivo de la guerra más severa en la historia humana, promover la tesis de la responsabilidad compartida de la URSS de Stalin y Alemania de Hítler por su inicio, rechazar la participación en el Holocausto y justificar por completo a los colaboracionistas.
En ese proceso, Polonia siempre ha desempeñado el papel protagónico. La masacre de Katyn y el Levantamiento de Varsovia de 1944, la culpa por los cuales fue echada a nuestro país, han pasado a formar parte de la historiografía oficial y manuales escolares.
El 29 de octubre de 1998, la Saeima de Letonia adoptó la “Declaración sobre los legionarios letones en la Segunda Guerra Mundial”. En ésta, se justificaban públicamente las acciones de los ciudadanos que se habían adherido a esa legión, porque, según se afirmaba, fue su reacción al genocidio cometido por la URSS en los años 1940-1941. Las personas que cooperaban con las autoridades soviéticas y participaban en la lucha contra los Hermanos del Bosque fueron declaradas criminales, y los colaboracionistas, héroes nacionales. En Riga, empezaron a celebrarse anualmente las marchas en honor de los legionarios. Incluso hoy es difícil creerlo desde el punto de vista del sentido común, pero sigue siendo un hecho.
Una comisión especial de la Saeima de Letonia concedió a las personas que habían colaborado con los nazis y luchado contra el poder soviético tras la guerra, la condición jurídica del miembro de la Resistencia. Entraron en esta categoría los militares de los batallones de policía letones que se habían distinguido por una brutalidad particular en el territorio de Bielorrusia.
En Estonia, los cómplices de los nazis que prestaron servicio en las unidades SS, la Wehrmacht, la Luftwaffe, la policía y la guardia de campamentos de concentración, fueron declarados ilegítimamente reprimidos y obtuvieron la posibilidad de disfrutar de privilegios correspondientes, mientras que los ciudadanos que lucharon contra el nazismo en las filas del Ejército Rojo carecen de estos beneficios en absoluto. Cada año se celebra la reunión de los veteranos de la 20ª división de las Waffen-SS (la estonia), se emprenden intentos de erigir un monumento a sus combatientes.
Al adherirse a la UE en 2004, los países de Europa Oriental apostaron hábilmente por provocar un sentimiento de culpa en los países de la Europa vieja y promovieron nuevas estimaciones de la historia de la II Guerra Mundial, presentándose como víctimas del comunismo. Lograron que la UE prácticamente dejara de condenarlos por la rehabilitación de los colaboracionistas, especialmente en los casos cuando éstos no participaron directamente en el exterminio de los judíos.
Bajo la influencia de los Estados recién admitidos en la UE, el Parlamento europeo aprobó varias resoluciones que establecieron un marco legal para revisar la interpretación de la II Guerra Mundial. Fueron introducidos en la lengua unos términos nuevos: la dictadura soviética, la ocupación soviética y el totalitarismo comunista.
En 2019, apareció otra resolución sobre la importancia de la memoria europea para el futuro de Europa. En este documento se equiparan expresamente la Unión Soviética y Alemania nazi. No se mencionan en absoluta los aliados ni la gran contribución de nuestro país a la victoria sobre el nazismo. Por el contrario, la URSS se presenta como el ocupante. La demonización y denigración de la Unión Soviética se hace extensiva automáticamente a la Rusia actual, para la que, según se afirma, son típicas las ambiciones imperiales y la presión de fuerza sobre sus oponentes.
Debido a la iniciativa de los países recién admitidos en la UE, el espíritu antirruso se ha hecho una tendencia consolidada de la política común de Europa. Desmantelando los valores y símbolos de la Europa vieja, los países de Europa Central capitaneados por Polonia y los Estados Bálticos, han venido destruyendo, paso a paso, los fundamentos morales e ideológicos de la seguridad europea que se habían reflejado en el reconocimiento incondicional de la culpa de la Alemania nazi por el inicio de la II Guerra Mundial, y habían sido refrendados en los veredictos del Tribunal Militar Internacional en Núremberg.
La revisión de las posturas hacia la historia de la II Guerra Mundial, cuyos resultados dieron origen a los institutos internacionales clave, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, puede dañar irreparablemente el orden mundial actual, llevando al mundo al borde de una catástrofe nuclear global.
