Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°. -4654-
«Si queremos vivir en democracia, sin censuras ni mordazas, no debemos, ni podemos olvidar lo que le dijo el dictador cubano Fidel Castro a Velasco Alvarado, al inicio de su gobierno de facto: “Oye, chico, tú no puedes hacer la…”
No hay golpes de Estado bueno, ni leyes que lo justifiquen. Él que lo realiza es un apasionado tirano autócrata que se corona como un dictador absolutista, concluyendo en una corrupción sin límites. Los que hemos sido testigos, y vivido de los atropellos exabruptos cometidos en contra de la libertad de expresión durante la dictadura militar de Velasco Alvarado, sabemos que la iniciativa legislativa recientemente presentada por congresistas de Perú Libre es una perversa, cruel, y vil maniobra para “regular” los contenidos de la programación de la televisión y la radio, buscando neutralizar a los medios de comunicación asimismo a sus periodistas que, cumpliendo su función, de comunicador incomodan al presidente, o gobierno de turno.
El proyecto de ley – aprobado en las comisiones de Transportes y Cultura, sólo espera luz verde del pleno del Congreso- propone incrementar a no menos de 40 % la difusión de contenidos folclóricos y culturales en la programación de todas las emisoras de radio y televisión del país, durante casi ocho horas al día en los horarios de mayor encendido. En el escenario que las empresas de radiodifusión no respetaran la ley pondrían en riesgo la renovación de su licencia de operaciones.
La ley de radio y televisión vigente ya establece que el 30 % de los contenidos de la programación, en apoyo al talento nacional, sean producidos localmente. Si esta nueva ley se aprobara no respetaría la prerrogativa empresarial de decidir la segmentación de su grupo objetivo y la orientación de su programación -musical, informativa o religiosa- buscando mayores audiencias.
Los radiodifusores se verían obligados a desnaturalizar su programación, lo que evidentemente disminuiría el interés, atención y preferencias de sus seguidores ante el híbrido contenido impuesto. Esto es precisamente lo que los legisladores, abusando de su rol regulatorio, pretenden lograr.
Lastimosamente los empresarios de la televisión y la radio parecen no recordar que, hace cincuenta años, los medios de comunicación más importantes del país fueron confiscados y sus propietarios perseguidos y deportados.
En aquellos años de dictadura la Oficina Central de Información – OCI, revisaba los contenidos periodísticos, filtraba y clasificaba la información que recibíamos. La mayor parte de los medios que se mantuvieron en manos de sus propietarios tuvieron que respetar obligatoriamente el “Estatuto de la Libertad de Prensa” que promulgó la dictadura en diciembre de 1969.
Hoy, la libertad de expresión se ve amenazada por la permisividad de un sector de la prensa que fue condescendiente con un gobierno corrupto, defendiendo lo indefendible hasta su último día, a pesar de los indicios, evidencias y testimonios. Hoy, congresistas del encarcelado exgobernante culpan de su fracaso a la prensa, mostrándose intolerantes por temor a ser fiscalizados. Ahora impotentes, acorralados, pretenden con prepotencia seguir ocultando la verdad.
