Este martes 25 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para presentar documentación sobre las muertes registradas durante las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte. La gestión se realizó bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma.
La documentación cubre eventos desde diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023, detallando lo que los organismos califican como un ataque sistemático contra los manifestantes. Según la FIDH y Aprodeh, las fuerzas del orden emplearon una fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada, principalmente contra «hombres jóvenes e indígenas». Ambas organizaciones consideran que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, conforme al Estatuto de Roma, y han solicitado a la CPI que inicie una investigación profunda sobre estos hechos.
Informe Detallado sobre las Muertes en las Protestas
Gloria Cano, directora de Aprodeh, señaló que se ha elaborado un informe detallado sobre las 49 muertes registradas en las movilizaciones. El informe examina las causas de los decesos y los patrones de las lesiones, como impactos de balas en torsos y rostros. Cano afirmó que las víctimas fueron asesinadas mientras ejercían su derecho a la protesta.
El informe también incluye detalles sobre los esfuerzos de justiciabilidad llevados a cabo por la fiscalía para esclarecer los delitos cometidos por la Policía y el ejército.
Acusaciones sin Fundamento del Gobierno de Boluarte
Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, criticó al Gobierno de Dina Boluarte por calificar sin pruebas a los manifestantes como «terroristas». Según Reyes, esta acusación sin fundamento resultó en operativos de seguridad que usaron una fuerza desproporcionada e indiscriminada contra los manifestantes. La información recogida sugiere que las autoridades del Ejecutivo buscaron reprimir las manifestaciones a cualquier costo.
El gobierno de Boluarte ha intentado negar públicamente su responsabilidad en los hechos, culpando a los manifestantes por las muertes ocurridas en diversas regiones del país.
Alerta sobre la Democracia en Perú
El documento presentado también analiza la crisis democrática en Perú desde 2021. El informe, titulado «Perú: avance del autoritarismo y regresión de derechos», denuncia un quiebre institucional y la destrucción del Estado de derecho. Se acusa al actual Gobierno y a diversas bancadas del Congreso de haber formado un «oscuro pacto» para usurpar e instrumentalizar organismos públicos como la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público.
Además, el informe critica la liberación del exdictador Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, y la aprobación en primera votación de un proyecto de ley que propone la prescripción de estos delitos.
«La desintegración política y social que ha provocado este proyecto conservador y autocrático ha terminado por dinamitar la ya escasa confianza de la ciudadanía hacia sus representantes», concluye el informe.
