Las Naciones Unidas denunció la Ley de Amnistía, promulgada este jueves por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que suspende las condenas y anula los procesos contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como a los comités de autodefensa, durante el conflicto armado que vivió el país entre 1980 y 2000.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró “consternado” por la ley al considerarla un retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación del país tras dos décadas de violencia terrorista, como argumentan las autoridades peruanas.
La norma concede amnistía de carácter humanitario a los exuniformados mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de condena, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida por delitos derivados de su participación en la lucha contra la subversión.
La presidenta Dina Boluarte explicó que la cuestionada ley reconoce el sacrificio de quienes defendieron la paz y sostiene que la medida busca cerrar un “ciclo de injusticias” en el país.
Según organizaciones humanitarias, la violencia armada habría causado más de 70,000 muertos y miles de desaparecidos, aunque medios locales reportan que aún se sigue hallando restos de víctimas civiles en fosa clandestinas.
Turk instó a las autoridades peruanas a derogarla «inmediatamente» y advirtió que muchas personas puedan beneficiarse de una amnistía que, según la ONU, incumple además la legislación ya en vigor en Perú.
“La norma en discusión forma parte de una serie de medidas que viene adoptando el Estado para que agentes estatales que cometieron graves violaciones a los derechos humanos contra miles de personas en el marco de operaciones de seguridad antisubversivas entre los años de 1980 y 2000 no sean objeto de persecución penal”, señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Congreso nacional aprobó el proyecto de ley a principios de julio, pero la CIDH ordenó a Perú se abstuviera de implementarlo hasta analizar la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos, indicó Europa Press.
