Una alarmante ola de extorsiones golpea al sector salud. Desde 2024, al menos quince odontólogos en distintas regiones del país han denunciado ser víctimas de bandas delictivas que, tras hackear bases de datos de colegios profesionales, exigen pagos de entre S/10.000 y S/50.000 por supuestos servicios de “seguridad”. La información fue confirmada por el Colegio de Odontólogos del Perú (COP), que advirtió sobre la creciente vulnerabilidad de los profesionales ante la acción del crimen organizado.
El decano del COP, José Ricardo Rojas Rueda, señaló que las organizaciones criminales emplean métodos cada vez más violentos y sofisticados, incluyendo mensajes intimidantes por WhatsApp y redes sociales. Los delincuentes demuestran conocer detalles personales y familiares de sus víctimas, aumentando la presión para que accedan a los pagos.
“Hemos tenido conocimiento de que varios colegios profesionales están siendo hackeados para extraer información que luego utilizan los delincuentes con fines extorsivos”, declaró Rojas Rueda a Panamericana Televisión.
Las primeras investigaciones apuntan a que los extorsionadores obtienen la información de los profesionales mediante el hackeo de sistemas informáticos de los colegios profesionales. Esto habría permitido el robo de direcciones, teléfonos, correos electrónicos y datos laborales de los colegiados, que luego son vendidos o compartidos en canales clandestinos, como Telegram.
Ante esta situación, el COP ha reforzado sus medidas de seguridad digital, aunque exige una acción más contundente del Estado para frenar esta modalidad delictiva.
La Policía Nacional del Perú, mediante una unidad especial liderada por el coronel Víctor Revoredo, ha intensificado las labores de investigación y persecución de los responsables.
El COP, en coordinación con las autoridades, ha difundido recomendaciones de autoprotección a sus colegiados: retirar información personal de redes sociales y plataformas públicas, mantener la confidencialidad de sus datos y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión.
“Ningún profesional debería temer por su vida o la de su familia al ejercer su labor”, subrayó Rojas Rueda, al reiterar su llamado al Gobierno para enfrentar de manera decidida la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia que amenazan al sector salud.
