Aún con el acuerdo de colaboración eficaz vigente, la empresa constructora brasilera, Odebrecht, demandó al Estado Peruano por una suma de US$1.200 millones por supuestas violaciones en sus responsabilidades con el proyecto Gaseoducto del Sur. Esta querella fue presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
Esto ocurrió cuando en pleno gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se decidiera eliminar la concesión del proyecto referido por no demostrar que tenía un correcto financiamiento cuando había una confederación entre la empresa brasilera quien tuvo el 55% de la obra en conjunto con Enagás (25%) y Graña y Montero (20%).
El Estado Peruano no fue ajeno a declarar por la demanda presentada por Odebretch. El primer Ministro, Vicente Zeballos expresó que el Gobierno defenderá los intereses del Perú ante este ataque. También se cuestionó el actuar de la empresa, ya que la constructora reconoció los negociados corruptos en el gobierno de Ollanta Humala.
Por su lado, Rafael Vela sostuvo a Perú 21 que se necesita “que se esclarezca esta situación incómoda porque genera turbulencia innecesaria, y que libremente digan si han cambiado de postura, y si no se consideran culpables, podamos asumir todas las consecuencias jurídicas de incorporar a la empresa y a sus ex ejecutivos como investigados”.
B.A.M.P
