Quince nuevos casos de hostigamiento sexual contra estudiantes de Santa María de Nieva fueron presentados ante el Ministerio Público el pasado 25 de junio. Estas denuncias fueron realizadas por una comisión técnica conformada por funcionarios del Ministerio de Educación y representantes de la sociedad civil local. Los abusos sexuales contra los menores en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, continúan generando preocupación y denuncias constantes.
Los acusados en esta ocasión son servidores administrativos de las escuelas públicas de la zona. Se ha informado que las investigaciones se llevarán a cabo en reserva para proteger la integridad de las víctimas y asegurar la correcta administración de justicia.
Estas nuevas violaciones se suman a los alarmantes 532 casos de abuso sexual registrados desde 2010 en Condorcanqui. Según el sector Educación, 519 docentes contratados y 6 nombrados están implicados en estos delitos, lo cual ha provocado una profunda indignación y llamados a una acción efectiva por parte de las autoridades competentes.
Existe la preocupación de que muchos casos aún no hayan sido reportados y se continúen perpetuando en silencio.
En respuesta a estas revelaciones, la congresista Silvana Robles del partido PL ha exigido públicamente a la Presidencia del Consejo de Ministros que informe sobre las medidas inmediatas que se tomarán para proteger a las menores agredidas en Santa María de Nieva. La parlamentaria ha criticado duramente la falta de acción directa por parte de los ministros de Cultura, de la Mujer y de Educación, quienes aún no han visitado la provincia para abordar personalmente esta grave situación.
Por otro lado, las líderes awajún Georgina Rivera Paz y Batut Micaela Impi, quienes han sido valientes al denunciar casos de abuso sexual en la región, continúan enfrentando hostigamiento y amenazas. La protección de estas activistas se ha convertido en una preocupación urgente para las organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general, quienes exigen justicia y medidas concretas para garantizar su seguridad y la de otras personas que se atreven a denunciar estos abusos.
