Este martes, el Congreso se prepara para avanzar en la desarticulación de instituciones en dos frentes. Por un lado, la Comisión de Educación intentará aprobar un informe que otorgaría a las universidades públicas y privadas una mayor autonomía al eliminar la necesidad de evaluaciones para la renovación de sus licencias. Mientras tanto, en el grupo de trabajo de Constitución, el partido fujimorista planea acelerar la aprobación de una ley destinada a debilitar la Defensoría del Pueblo.
Los legisladores siguen adelante con ambas iniciativas en medio de una continua y marcada falta de respaldo. La más reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en octubre mantiene su nivel de aprobación en un escaso 6%, mientras que el 90% de la población los desaprueba.
La Comisión de Educación, encabezada por José Balcázar, llevará a cabo una sesión descentralizada hoy a las nueve de la mañana en el auditorio de la Universidad Nacional Micaela Bastidas en Abancay, Apurímac.
La agenda incluye el pre dictamen de un proyecto que se presenta con el título de «ley que refuerza el sistema de acreditación universitaria». En realidad, esta propuesta busca debilitar la calidad de la educación, ya que, si el proyecto es aprobado, las licencias otorgadas a las universidades se convertirán en permanentes, eliminando la necesidad de evaluaciones para las renovaciones.
La ley universitaria vigente (Ley 30220) establece que el licenciamiento es «temporal y sujeto a renovación» a partir de los seis años, y establece mecanismos de evaluación para dichas renovaciones.
El proyecto 5805 es obra del legislador José Balcázar, quien, en su rol de presidente de la Comisión de Educación, lideró el proceso de elaboración del predictamen. En caso de que el proyecto reciba la aprobación, el siguiente paso sería la sanción de la normativa en la sesión plenaria.
Por otro lado, la Comisión de Constitución se reunirá a las 10 de la mañana. La presidenta de este comité, Martha Moyano (Fuerza Popular), ha organizado de manera particularmente rápida la exposición de un proyecto de ley a cargo del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Josué Gutiérrez, un abogado elegido gracias a la alianza entre el partido fujimorista y Perú Libre, ha presentado un «proyecto de ley para fortalecer la Defensoría».
Sin embargo, el contenido de la propuesta contiene críticas directas hacia la Defensoría, y estas críticas provienen del mismo jefe de la institución.
El proyecto de ley se presentó el jueves 19 de este mes. En tan solo una semana y media, la legisladora fujimorista Martha Moyano ya ha convocado a Josué Gutiérrez para que explique su propuesta, lo que sugiere una posible coordinación para su pronta aprobación.
Josué Gutiérrez propone, por un lado, eliminar los concursos públicos para los altos cargos de los adjuntos, lo que debilitaría el sistema basado en el mérito en la Defensoría.
Esta propuesta encuentra su base en la reciente eliminación de requisitos por parte del Defensor del Pueblo, lo que facilitó la designación de la abogada Elizabeth Zea en el importante cargo de adjunta constitucional.
En segundo lugar, Josué Gutiérrez también sugiere eliminar el proceso de concurso público para la selección del secretario técnico de la comisión especial que, en 2024, será responsable de la elección de nuevos miembros para la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En otras palabras, como presidente de dicha comisión, el Defensor del Pueblo pretende nombrar a alguien de su confianza en la secretaría técnica de forma discrecional, sin considerar criterios de mérito.
En tercer lugar, la propuesta de Gutiérrez incluye una modificación en la ley que rige a la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de establecer una base legal más sólida que le permita permanecer en su puesto después de que termine su mandato, hasta que el Congreso seleccione a su sucesor.
