La creciente ola de extorsiones, asesinatos y amenazas contra conductores ha encendido las alarmas en el sector transporte, que ha decidido convocar a un paro nacional para el próximo miércoles 14 de mayo. La medida, anunciada tras una asamblea general realizada el 11 de abril, busca presionar al Gobierno para que adopte acciones concretas frente a la criminalidad que azota las calles y carreteras del país.
Dirigentes como Julio Campos y Miguel Palomino advirtieron que, si no hay respuestas claras por parte del Ejecutivo, no descartan una paralización indefinida que involucraría al transporte urbano, interprovincial y de carga pesada. A esta protesta también se sumarán mototaxistas, comerciantes de mercados, barberos, gremios estudiantiles y colectivos de víctimas, como la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023.
La situación ha llegado a un punto crítico. Solo en el primer trimestre de 2025 se han registrado más de 2.600 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, superando ampliamente los reportes de años anteriores. Cercado de Lima y San Juan de Lurigancho encabezan la lista de distritos con mayor incidencia.
El último paro de transportistas, el pasado 10 de abril, dejó a más de 40 mil unidades sin operar y generó caos en la capital. Pese a una reunión en el Congreso y la promesa de una mesa de trabajo, los gremios consideran que las medidas propuestas no responden con la urgencia ni contundencia necesarias.
Desde el Ejecutivo, la presidenta Dina Boluarte anunció el despliegue de drones y presencia policial en buses como parte de una estrategia para combatir el crimen. Sin embargo, los gremios tacharon esas acciones como «cosméticas» y exigen mayor presencia policial en las zonas más peligrosas.
