En el marco de su juicio oral por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo volvió a ser el centro de atención tras un escándalo en la sala de audiencias. Durante la sesión, el exmandatario desafió a los jueces de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, afirmando que “no existe el delito de rebelión” y justificando su levantamiento de asiento al decir que “no soporto estar sentado”.
Castillo, visiblemente alterado, se dirigió a los jueces sin autorización, insistiendo en que “ustedes tienen un informe donde a mí me limita estar mucho tiempo sentado”. Su actitud desafiante continuó cuando la jueza Norma Carbajal le pidió que se identificara; él se negó y continuó minimizando las acusaciones de la Fiscalía, argumentando que los testigos presentados no habían podido corroborar los cargos en su contra.
El expresidente alegó que la fiscal adjunta suprema Galinka Meza Salas había renunciado porque “los mismos testigos que ha traído no le han podido configurar o verificar el delito”. Sin embargo, esta afirmación fue rápidamente desmentida y considerada como un intento de deslegitimar el proceso judicial en su contra. Castillo también cuestionó la secuencia de los eventos que llevaron a su detención, sugiriendo que la vacancia fue injustificada y que no se habían cumplido los requisitos legales para su arresto.
En un momento particularmente tenso, el exmandatario pidió que se “ahorre tiempo y dinero” en el juicio y solicitó que se dictara una sentencia en un plazo corto, lo que refleja su desesperación por acelerar un proceso que podría tener consecuencias drásticas para su futuro. Al salir de la sala, insistió en que “pueden tener el poder y dinero, pero no tienen la razón. Tampoco tienen al pueblo”.
Este comportamiento ha sido recurrente, lo que llevó a los jueces a implementar medidas para garantizar el orden en las audiencias. El Tribunal Constitucional, en una reciente resolución, ha rechazado un recurso de habeas corpus presentado por su hermana, reafirmando la legalidad de su vacancia y las prisiones preventivas. Esto añade un contexto de creciente presión sobre Castillo, quien enfrenta graves cargos y una situación legal complicada.
