El Poder Judicial dictó el 10 de julio de 2025 una medida cautelar en contra de la exalcaldesa Susana Villarán. La decisión establece un impedimento de salida del país por un periodo de 36 meses debido a su implicancia en el caso de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht. La medida es parte de las investigaciones que buscan esclarecer los actos ilícitos relacionados con los sobornos recibidos por la exfuncionaria en su campaña electoral de 2014.
Villarán, quien fue alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, enfrenta serias acusaciones que la vinculan con los pagos de sobornos de la constructora brasileña. Según la Fiscalía, los sobornos habrían sido entregados a cambio de la adjudicación de obras públicas durante su gestión. La medida cautelar también responde a la necesidad de garantizar que la exfuncionaria permanezca en el país mientras se desarrollan las investigaciones judiciales. La orden del Poder Judicial ha generado controversia en diversos sectores políticos y sociales del país.
Para el analista político, César Rivas, el impedimento de salida es una medida legítima en el marco de un proceso judicial. “Es importante que las autoridades aseguren que la acusada no pueda evadir el proceso. El caso de Susana Villarán tiene implicancias políticas y judiciales importantes, por lo que es necesario mantener la transparencia en el desarrollo de la investigación”, comentó en entrevista con el medio local Perú 21. La declaración de Rivas subraya la gravedad del caso y la necesidad de medidas cautelares que permitan avanzar con las investigaciones.
Por otro lado, la defensa de Villarán ha expresado su desacuerdo con la medida, señalando que considera injusta y desproporcionada. Asegura que la exalcaldesa ha colaborado en todo momento con la justicia y que no existe riesgo de fuga. La abogada de Villarán, Ana María Vidal, argumentó que la medida de impedimento de salida es innecesaria dado que la acusada ha demostrado su disposición a enfrentar las acusaciones en el tribunal. La controversia sobre la decisión judicial podría intensificar el debate público sobre las posibles influencias en este caso.
Finalmente, el caso de Susana Villarán continúa siendo uno de los más emblemáticos de la corrupción en el ámbito político peruano. A medida que avanza el proceso Judicial, la exalcaldesa se encuentra en el centro de la atención mediática, mientras que la ciudadanía espera una resolución que permita esclarecer los hechos. La medida del Poder Judicial podría tener un impacto significativo en el futuro político de Villarán y en la confianza pública en las instituciones encargadas de luchar contra la corrupción.
