Hace unos días, el presidente Martín Vizcarra aseguró que el alquiler de una avioneta que pagó el consorcio Obrainsa-Astaldi fue parte de la “responsabilidad social” para favorecer a la zona en la que se construiría la obra Lomas de Ilo. Sin embargo, para Natalia Manso, profesora experta en la materia, el concepto que argumentó el mandatario es totalmente erróneo.
Es un concepto que se ha estado manoseando por mucho tiempo y atribuyendo a lo que a cada uno le conviene, pero en realidad debería ser la responsabilidad de una empresa sobre los impactos de sus actividades sobre el entorno social y ambiental.
De lo que se tiene que preocupar es de minimizar los posibles efectos negativos de su actividad sobre el medio ambiente y el entorno social. Además, que en paralelo debería intentar utilizar esa actividad para generar desarrollo en el entorno en una relación de ganar-ganar, en una relación de valor compartido que permita que la empresa genere utilidad económica y a la vez contribuya a un progreso social y ambiental en el entorno. Lo que es un poco sin sentido es que un presidente de la nación atribuya la RSE a una especie de orden de parte de un gobierno para instruir o hacer un pedido a una empresa privada, para que realice una serie de donaciones o acciones que favorezcan a determinada actividad del gobierno de su conveniencia.
No, en absoluto. Lo que está diciendo de hecho el presidente es que la RSE de Obrainsa por haber ganado la licitación era realizar este tipo de acción. Sin embargo, ninguna entidad del Estado debería solicitar el uso de recursos privados para pasear a una delegación de políticos que viene de otro país, es una labor de gestión pública que no debería mezclarse con la RSE.
Es como que una empresa que gane una licitación le da la puerta abierta al Estado y a los funcionarios de decidir lo que a ellos les parezca conveniente. Es claro que porque una empresa ganó una licitación, yo como funcionaria no puede solicitarle pedidos a mi criterio.
Si lo que se quiere es fomentar el comercio y las transacciones comerciales de Bolivia y Perú a través del Puerto de Ilo, entonces la empresa -en colaboración con el Estado- puede establecer un convenio para la promoción de ese puerto como un lugar interesante para la inversión extranjera o el comercio internacional.
Las empresas cada vez más son conscientes de que no pueden enfocarse solamente en maximizar el margen del proyecto, producto y la utilidad, sino que también esta generación de beneficio económico tiene que considerar a todas las partes para que todos ganen, que toda la comunidad sienta que si la empresa progresa, la comunidad progresa. La cuestión no es que las empresas sigan generando beneficios y que la sociedad se quede estancada en una situación de pobreza y exclusión. Cada vez son más las que entienden este concepto de que todos progresamos si tenemos una mejor calidad de vida. En lo que no estoy de acuerdo es que porque una empresa gana una licitación o un contrato, el Estado tenga el derecho de hacerle exigencias porque entonces se convierte en un intercambio de favores. Eso no es la RSE.
No. La RSE es voluntaria, pero es cierto que cada vez más los estudios de impacto ambiental lo consideran. Por ejemplo, en el sector minero se escuchan los requerimientos de la población para que reciban una serie de beneficios que hace la empresa que está operando en su entorno. No hay una legislación que obliga a la empresa a realizar determinados desembolsos económicos, pero sí es una verdad que hay una presión social para que si se benefician de una determinada actividad, contribuyan parcialmente también en el desarrollo del entorno.
GSSV Fuente:Correo
