Cientos de civiles, entre ellos unos 44 niños habían muerto hasta el 31 de marzo en la ola represiva que aqueja a los birmanos. Una niña de siete años recibió un disparo mientras estaba en su casa. Dos representantes especiales para la violencia y la infancia condenaron los embates de las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población civil, incluidos los menores de edad.
Las representantes especiales de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados, Virginia Gamba, y para la Violencia contra los Niños, Najat Maalla M´jid repudiaron los ataques a la población civil de Myanmar por parte de las fuerzas armadas, que han dejado a cientos de civiles muertos, desde el golpe militar del 1 de febrero.
Entre los muertos se cuentan al menos 44 niños, una de ellas, de 7 años, feneció tras recibir un disparo mientras estaba en su casa. Muchos más han resultado heridos de gravedad.
“Pedimos al Tatmadaw [el ejército de Myanmar] que detenga la violencia generalizada contra los niños en cualquier manifestación … los niños no merecen menos que eso”, apuntaron Gamba y Maalla M’jid, en un comunicado conjunto.
También pidieron al ejército que no detenga a los niños, como lo dispone claramente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según datos de la ONU, hay denuncias de que más de 900 niños y jóvenes han sido detenidos arbitrariamente. Si bien muchos han sido liberados, otros permanecen recluidos sin acceso a un abogado, informa el comunicado.
Impacto de por vida
Las funcionarias expresaron profunda preocupación por los efectos a largo plazo de la crisis actual en Myanmar sobre el bienestar físico y mental de los niños y sus familias.
“Cuanto más se prolongue la actual de violencia generalizada, más agudo será el estado continuo de angustia y estrés tóxico para los niños, que puede tener un impacto de por vida en su salud mental y física”, advirtieron.
Las representantes especiales condenaron el uso de las instalaciones de educación y salud por parte de los militares, así como los ataques generalizados contra escuelas y hospitales y su personal, que pueden privar a los civiles del acceso a cuidados vitales.
