La sorpresiva muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y figura clave como colaborador eficaz en el caso Lava Jato, continúa generando interrogantes. El cuerpo del exfuncionario fue hallado sin vida el pasado domingo 29 de junio en su vivienda de Miraflores, lo que encendió las alarmas en los sectores judiciales y políticos.
Desde entonces, la Primera Fiscalía Penal de Miraflores–Surquillo y San Borja ha venido realizando diligencias para esclarecer los hechos. Como se informó, el cadáver presentaba un corte profundo en el cuello y junto a él se hallaron dos armas blancas, aunque hasta la fecha las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre si se trató de un suicidio o de un posible asesinato.
En ese contexto, el Ministerio Público ha reiterado que Castro no manifestó temores recientes que hicieran prever un desenlace trágico. “La semana pasada estuvo en las oficinas del equipo especial y no señaló ninguna situación de riesgo”, declaró el fiscal José Domingo Pérez, en referencia a las últimas visitas del colaborador a la sede del equipo especial Lava Jato.
A raíz de este hecho, diversas voces han cuestionado el sistema de protección a testigos y colaboradores eficaces en casos de corrupción de alto perfil. Especialistas consideran que, de confirmarse un homicidio, esto evidenciaría una grave falla en las medidas de resguardo. Incluso sectores del Congreso han solicitado explicaciones formales al Ministerio del Interior y a la Fiscalía.
A pesar de su fallecimiento, la Fiscalía ha dejado claro que los testimonios y documentos entregados por Castro como parte del proceso de colaboración eficaz continúan siendo válidos. Su contribución al caso Villarán, que implica presuntos aportes ilegales de constructoras brasileñas a campañas políticas,sigue siendo considerada pieza clave en la lucha contra la corrupción.
