Este miércoles 11 de septiembre, Alberto Fujimori, ex exdictador, falleció a los 86 años, justo el mismo día que murió Abimael Guzmán, el exlíder terrorista, hace 3 años. Fujimori, quien fue presidente de Perú de 1990 a 2000, había dejado en el aire su posible candidatura para las elecciones de 2026 y todavía tenía una deuda de S/57 millones en reparación civil sin saldar. Ahora, tras su fallecimiento, muchos se están preguntando qué pasará con esa deuda.
Fujimori fue condenado en siete casos diferentes, de los cuales tres estaban relacionados con corrupción y le resultaron en una reparación civil de S/27 millones. Estos casos incluían el allanamiento irregular en la casa de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal, y el pago de la CTS a su exasesor por 7 millones. Con el tiempo, esa cifra ha crecido debido a los intereses, y ahora asciende a S/57 millones, cantidad que nunca llegó a pagar.
¿Qué ocurrirá con los S/57 millones que Fujimori debía pagar en reparación civil tras su muerte?
El abogado penalista Mario Amoretti comentó que, durante la presidencia de Alejandro Toledo, el Congreso aprobó una ley que eximía a las personas indultadas de la obligación de pagar la reparación civil que se les hubiera impuesto.
En una entrevista con La República, explicó que hace muchos años se aprobó una ley que establecía que una persona indultada y declarada inocente por el Tribunal Constitucional (TC) no tenía que pagar la reparación civil.
Amoretti hace referencia a la Ley N° 27468, que se promulgó en junio de 2001. Esta ley aclara que las personas que reciben indultos o derechos de gracia, conforme a lo que establece la Ley N° 26655, quedan exentas de pagar multas o reparaciones civiles.
La Ley N° 26655, que se promulgó en 1996, creó la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para manejar casos relacionados con terrorismo y traición a la patria. Esta ley fue una respuesta a la situación en la que muchos peruanos inocentes fueron encarcelados y condenados sin pruebas durante el período de violencia interna en Perú (1980-2000).
El abogado penalista también explicó que el Estado puede embargar bienes inmuebles para recuperar una reparación civil. Sin embargo, en el caso de Fujimori, la Procuraduría no logró encontrar propiedades a su nombre. Además, Amoretti comentó que, aunque Fujimori hubiera tenido que pagar su deuda a pesar del indulto, esta queda exenta tras su fallecimiento.
