El Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó cuestión de confianza ante el pleno del Congreso con la finalidad de que se apruebe una iniciativa que deroga la Ley 31399, que refuerza los límites para convocar un referéndum, la cual había sido observada por el presidente de la República, Pedro Castillo, al considerar que restringe los derechos ciudadanos. Además, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, declaró que “se busca devolver facultades a los ciudadanos a través del referéndum”.
Asimismo, el titular del Congreso, José Williams, invitó al jefe del Gabinete Ministerial y a sus ministros a abandonar el hemiciclo para definir el proceso que seguirá luego de dicha presentación. A su salida del Palacio Legislativo, abordada por la prensa, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Dávila, señaló que “todo lo que expuso el premier responde a la cuestión de confianza”. De igual manera, el ministro de Educación, Rosendo Serna, comentó que la figura “la ha planteado el premier con toda claridad”.
Sin embargo, el titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, aseguro que “se busca devolver facultades a los ciudadanos a través del referéndum”. A su turno, el de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, sostuvo Torres Vásquez “fue claro” en señalar la presentación de dicho recurso “está dentro del marco constitucional”.
Cuestión de confianza
Mientras tanto, tras la presentación de la cuestión de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, acompañado por su Gabinete, acude ante el pleno del Congreso para las razones de este pedido, en sesión extraordinaria.
Por otra parte, la cuestión de confianza requiere el voto favorable de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, 66 votos. De no ser aprobada, se produce la crisis total del Gabinete, por lo que todos los miembros del Consejo de ministros deben renunciar.
Finalmente, si la confianza es denegada a dos gabinetes de un mismo gobierno, el jefe del Estado puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.
