El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, enfrentará una nueva moción de censura impulsada por el congresista Jaime Quito de la bancada Socialista. La medida fue admitida a trámite luego de que se reuniera el número necesario de firmas y será debatida próximamente en el Pleno del Congreso.
La moción responde a las irregularidades detectadas en el programa social Qali Warma, que incluyeron el suministro de alimentos en mal estado. Durante su presentación en el hemiciclo el último miércoles, Dermatini no logró despejar las dudas ni responder satisfactoriamente a los cuestionamientos de los legisladores, lo que ha intensificado las demandas de su salida del gabinete de Dina Boluarte.
En el documento presentado por los congresistas se señala que el ministro «no ha formulado una autocrítica o mea culpa por su pasividad y falta de fiscalización». Además, se exige que asuma la responsabilidad correspondiente como titular del sector ante las deficiencias registradas en la gestión del programa Qali Warma.
Proceso en el Congreso
De acuerdo con el reglamento parlamentario, una moción de censura puede ser planteada tras una interpelación ministerial o cuando un titular se resista a acudir al Congreso. Esta debe ser presentada por al menos el 25% del número legal de congresistas y, para ser aprobada, requiere el respaldo de más de la mitad del total de legisladores, es decir, 66 votos a favor.
Cabe resaltar que las faltas reglamentarias o errores de forma cometidos por miembros del gabinete no son causales de censura, salvo que impliquen una ofensa directa al Congreso o a sus miembros.
Investigación fiscal
De manera simultánea, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación contra Julio Dermatini y Jessica Niño de Guzmán, viceministra de Prestaciones Sociales del Midis. Ambos están implicados en presuntos delitos de omisión y demora en el cumplimiento de funciones en el caso de Qali Warma, lo que habría ocasionado daños al Estado.
A través de un comunicado publicado en la red social X (antes conocida como Twitter), el Ministerio Público informó que la investigación busca esclarecer responsabilidades respecto a los hechos denunciados, los cuales han generado una fuerte desaprobación por parte de la opinión pública.
Esta situación ha puesto en discusión no solo la gestión del ministro Demartini, sino también la transparencia y eficacia de los programas sociales en el país.