Ante la crisis generada por intoxicaciones alimentarias en estudiantes de varias regiones del país, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, anunció la extinción del Programa Nacional de Alimentación Escolar Wasi Mikuna. La decisión incluye declarar en emergencia este servicio y rediseñar su estructura con nuevos modelos de atención que prioricen la calidad, seguridad y pertinencia nutricional.
“Estamos eliminando un modelo que hereda prácticas cuestionables del antiguo Qali Warma, como la entrega de productos de dudosa calidad. No podemos seguir arriesgando la salud de los escolares”, afirmó la ministra. En los últimos días, más de 150 escolares de al menos nueve regiones fueron hospitalizados tras consumir conservas distribuidas por el programa, lo que encendió las alarmas del sector salud y educación.
Las conservas de pollo, pavita y pescado, que representaban la principal fuente de proteína del menú escolar, han sido suspendidas a nivel nacional. Sin embargo, ni los docentes, ni los padres, ni los proveedores conocen con claridad cómo serán reemplazadas, lo que ha provocado incertidumbre en miles de colegios del país.
En instituciones como la I.E. Santa Rosa de Lima, en Las Lomas (Piura), los docentes han decidido no preparar alimentos desde el 7 de abril por temor a más casos de intoxicación. Conservas en mal estado permanecen en almacenes a la espera de ser retiradas, mientras se investiga su relación con los incidentes.
El Midis trabaja actualmente en un decreto supremo para establecer nuevas modalidades de entrega de alimentos. Entre las opciones planteadas se encuentra un modelo participativo que transfiere a los padres la responsabilidad de comprar y preparar los alimentos, priorizando productos frescos adquiridos en mercados locales. Esta propuesta ya se aplica de manera piloto en 35 colegios de Piura, Cusco y Ayacucho. Sin embargo, expertos advierten que sin una adecuada supervisión, podrían vulnerarse estándares sanitarios y nutricionales.
La ministra también denunció presiones de empresas proveedoras que han mantenido contratos millonarios con el Estado y advirtió que no se permitirá que firmas sin identidad comercial ni historial transparente sigan participando del programa.
Organismos como Digesa y Sanipes continúan con las investigaciones para esclarecer las causas de las intoxicaciones. En paralelo, la Contraloría ha revelado múltiples deficiencias en las condiciones de almacenamiento y manipulación de alimentos en escuelas, lo que agrava la problemática. Espacios sin fumigación, utensilios sucios y falta de protocolos de higiene han sido recurrentes en los informes emitidos entre abril y diciembre del año pasado.
Mientras tanto, los trabajadores del programa temen despidos, los proveedores cuestionan la falta de comunicación oficial y la ministra enfrenta dos mociones de interpelación en el Congreso, acusada de responder de forma tardía a la crisis.
“Estamos haciendo cambios estructurales, pero lo primero es proteger la vida de los niños”, remarcó Urteaga. El Midis ha desplegado equipos en todo el país para reforzar el monitoreo del servicio, pero el futuro del programa alimentario aún permanece incierto.
