El Ministerio Público formalizó su pedido ante el Poder Judicial para que se ordene el impedimento de salida del país por 18 meses contra el exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura Julio Gutiérrez Pebe por el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
En una intervención remota, el fiscal supremo adjunto Iván Quispe consideró necesaria esta medida afín de garantizar la presencia de Gutiérrez Pebe en esta investigación tras resaltar el reporte migratorio sobre sus salidas del país y la cercanía de la apertura de nuestras fronteras en octubre próximo por el inicio de la fase cuatro de la reactivación económica nacional.
El representante del Ministerio Público resaltó, además, los hechos que se le atribuyen a Gutiérrez Pebe, la gravedad de la pena que se le podría imponer y por tratarse de una investigación compleja donde existen diligencias que aún están pendientes de realizar.
Por su parte, Humberto Abanto, abogado de Gutiérrez Pebe, solicitó que se rechace este pedido fiscal al precisar que el Ministerio Público no ha presentado nuevos elementos que justifiquen la medida de impedimento de salida del país contra su patrocinado.
El letrado resaltó que ya en un anterior fallo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema resolvió imponer a su defendido mandato de comparecencia con reglas de conducta y el pago de una caución para hacer frente al peligro de fuga y de obstaculización de la investigación.
Finalmente, el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe afirmó que en la actualidad no cuenta con los medios para poder salir del país tras resaltar que la casa donde vive está hipotecada y tiene que cumplir con un pago de cinco años y además que tiene que ver por su madre que tiene 95 años.
Tras escuchar a las partes, el juez Supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca informó que notificará su decisión dentro del plazo de ley a sus respectivos correos electrónicos.
Es importante recordar que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, investiga al exconsejero por el presunto delito de cohecho pasivo específico a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el nombramiento de los fiscales adjuntos Armando Mamani y Juan Canahualpa, así como en la ratificación de Ricardo Chang como juez constitucional.
M.M.R.
