El domingo 12 de enero, la minera Poderosa fue nuevamente blanco de un atentado en la provincia de Pataz, región La Libertad. El ataque, que ocurrió en la madrugada, implicó la detonación de una torre de alta tensión utilizando cartuchos de dinamita. A pesar de la magnitud del ataque, que afectó una torre de 60 kilovatios, el sistema de emergencia de la empresa permitió que el suministro eléctrico no se viera interrumpido, garantizando la continuidad del servicio. Sin embargo, la situación refleja un clima de inseguridad que afecta tanto a las operaciones mineras como a los pobladores de la zona.
El atentado se produjo en un contexto de creciente violencia en la zona, donde grupos de mineros ilegales han generado tensiones debido al control de territorios concesionados. Según las autoridades, simultáneamente a la explosión, otro grupo de mineros ilegales atacó una bocamina en el área de Carhuabamba, dentro de la misma concesión de Poderosa, y retuvo a más de quince trabajadores durante varias horas.
Este ataque se enmarca en una serie de agresiones contra la minería formal e ilegal en la región, que ha provocado un clima de inseguridad tanto para las empresas como para los pobladores. Las autoridades competentes aún no han tomado medidas efectivas para frenar la ocupación de terrenos por parte de los mineros ilegales, quienes, según diversas fuentes, llevan aproximadamente cuatro años operando en estos territorios.
La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024, y el gobierno amplió el estado de excepción el 9 de enero por un periodo de 60 días adicionales. A pesar de las medidas, el alcalde de Pataz, Carlos Mariño, ha señalado que la falta de recursos logísticos está dificultando la efectividad de la medida, indicando que los estados de emergencia no serán suficientes sin un respaldo adecuado en cuanto a equipamiento y personal para hacer frente a la violencia en la zona.
Este nuevo ataque resalta la creciente inseguridad en la región y la falta de solución a la disputa por los territorios mineros, un problema que persiste en la provincia de Pataz y que amenaza con seguir afectando tanto la actividad económica como la seguridad de la población local.
