La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a la administración de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a aproximadamente 350.000 venezolanos, dejándolos expuestos a la deportación. Esta decisión revierte un fallo previo que había bloqueado la cancelación del programa. El TPS, establecido en 1990, permite a personas de países afectados por crisis humanitarias residir y trabajar legalmente en EE. UU.
El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa federal que otorga permisos de residencia temporal y autorización de trabajo a ciudadanos de países que enfrentan situaciones extraordinarias como guerras, desastres naturales o crisis humanitarias severas. Venezuela fue incluido en este programa debido a la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país desde hace varios años.
Con el fallo de la Corte, se anula la protección migratoria que beneficiaba a alrededor de 350.000 venezolanos. Específicamente, afecta a quienes recibieron el TPS en 2023, durante la gestión posterior al mandato inicial de Trump. Los venezolanos que lograron este estatus en 2021, bajo una designación previa, seguirán protegidos —por ahora— ya que no están incluidos en la decisión reciente.
La administración de Donald Trump justificó su intención de eliminar el TPS para los venezolanos alegando motivos de seguridad nacional. Funcionarios vinculados al expresidente señalaron presuntos vínculos de algunos migrantes con bandas delictivas como el Tren de Aragua, una organización criminal que ha sido señalada por las autoridades estadounidenses por su expansión internacional y su peligrosidad.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional bajo la nueva administración de Trump, respaldó públicamente la decisión judicial, subrayando que el programa se había «politizado» y que era necesario restaurar el control fronterizo mediante el uso adecuado de las herramientas legales existentes.
Los venezolanos amparados por el TPS de 2023 se encuentran ante un panorama incierto. Muchos podrían enfrentar procesos de deportación, mientras que otros intentarán acogerse a nuevas solicitudes de asilo o buscar alternativas legales para permanecer en territorio estadounidense. Sin embargo, las vías legales son limitadas y cada caso será evaluado individualmente por las autoridades migratorias.
Abogados expertos advierten que el proceso de deportación no será inmediato, pero los afectados deben prepararse, buscar asesoría legal y evaluar todas las opciones posibles. Varios líderes comunitarios han llamado a la calma y a la organización, al tiempo que impulsan nuevas campañas para presionar al Congreso y al gobierno a restaurar o reemplazar el TPS por otras medidas de alivio humanitario.
Esta decisión forma parte de una serie de políticas más estrictas que ha retomado el nuevo gobierno de Trump en su segundo mandato. A la eliminación del TPS para los venezolanos se suma la cancelación del programa de «parole humanitario» para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, otro mecanismo que permitía a ciertos migrantes ingresar temporalmente a Estados Unidos bajo criterios humanitarios.
El retorno de Trump a la presidencia ha traído consigo una ofensiva migratoria más agresiva, enfocada en reforzar el control fronterizo y limitar las vías legales de entrada para personas provenientes de países en crisis. Sus críticos advierten que estas medidas no solo son ineficaces, sino que generan un impacto devastador en miles de familias migrantes que huyen de situaciones extremas en sus países de origen.
