El pasado 15 de julio se conoció que al menos 10.000 familias asentadas en Ate se encuentran amenazadas de ser desalojadas debido al trazado previsto para el tren de cercanías Lima-Chosica, impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga. El anuncio ha generado profunda preocupación entre los vecinos, quienes temen perder sus viviendas y carecer de alternativas habitacionales adecuadas, según diversos reportes de medios locales.
Además, cabe destacar que las autoridades municipales también evalúan el desalojo de más de 30 familias en el Callao, ya que sus casas se ubican a tan solo un metro de las vías férreas proyectadas, incumpliendo la normativa internacional que exige una separación mínima de 15 metros por motivos de seguridad. Hasta el momento, las personas afectadas no han sido notificadas oficialmente ni cuentan con soluciones claras para su reubicación.
Según especialistas en ingeniería civil, las locomotoras donadas por Caltrain son antiguas y requerirán de estudios técnicos rigurosos antes de su implementación. “No creo que podamos usarlas por más de cinco años”, indicó Jim Rivera, ingeniero en vías férreas.Este experto también advirtió que la infraestructura existente carece de estaciones, señalización adecuada y estudios de viabilidad económica, lo que incrementa la incertidumbre para los habitantes de las zonas aledañas.
Por su parte, gremios de construcción civil han manifestado su respaldo al proyecto, argumentando que podría beneficiar a más de tres millones de personas en Lima Este y generar miles de empleos. Sin embargo, contraponen que es urgente cumplir con las investigaciones técnicas y los procesos legales, pues la falta de planificación podría ocasionar un impacto social negativo en los residentes que serán reubicados.
Finalmente, la oposición al proyecto reclama la apertura de mesa de diálogo entre vecinos, Municipalidad de Lima, Ministerio de Transportes y la concesionaria del Ferrocarril Central Andino, a fin de garantizar compensaciones justas y soluciones habitacionales previas al desalojo. Los afectados exigen transparencia en los pasos a seguir y que se atienda su situación antes de iniciar cualquier operativo de remoción de sus hogares.
