El lunes 21 de abril, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos menores de edad —de apenas 11 y 12 años— con explosivos y una carta extorsiva en sus mochilas, en la provincia de Chepén, región La Libertad. Según el reporte difundido por Infobae Perú, los menores fueron interceptados en actitud sospechosa mientras se dirigían a dejar un mensaje intimidante dirigido a un comerciante local. En el interior de sus mochilas, las autoridades hallaron un cartucho de dinamita y una nota exigiendo el pago de cupos.
Este hecho ha encendido las alarmas a nivel nacional sobre el uso de menores por parte de mafias delictivas, quienes los instrumentalizan para cometer delitos graves con la expectativa de recibir sanciones menores o incluso impunidad, dada su edad.
La mirada legal: ¿están las leyes preparadas para esto?
Desde el punto de vista jurídico, la situación abre un debate urgente: ¿cómo debe actuar el sistema penal frente a menores involucrados en delitos de alta gravedad como extorsión con uso de explosivos?
En el Perú, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece que solo los menores a partir de los 14 años pueden ser juzgados penalmente, y aún así, bajo un régimen especial que prioriza su reinserción y protección. Los menores de 14 años, como en el caso reciente, no pueden ser sancionados penalmente, lo que ha generado preocupación en sectores de la ciudadanía.
Organismos como UNICEF han expresado que cualquier reforma debe priorizar siempre el interés superior del niño. Sin embargo, también reconocen que el incremento de casos como este exige una revisión seria de los mecanismos de protección, prevención e intervención. UNICEF recalca que la ley no debe responder con castigo, sino con políticas integrales que aborden el contexto social y familiar que empuja a estos menores al delito.
La postura de los expertos en Derecho Penal Juvenil
Especialistas en Derecho Penal Juvenil coinciden en que se debe fortalecer el rol del Estado en la prevención y en el seguimiento de los menores en riesgo. “No se trata de bajar la edad penal, sino de articular medidas más efectivas desde lo educativo, social y comunitario”, señala la abogada penalista Mariela Díaz.
Sin embargo, también se está proponiendo discutir la posibilidad de establecer excepciones en casos de crímenes extremadamente violentos, como ocurre en países como Colombia o Brasil, donde se contemplan sanciones diferenciadas para menores desde los 12 años, bajo ciertas circunstancias.
Un llamado a la reflexión nacional
Mientras las autoridades evalúan el destino legal de estos menores, la opinión pública se polariza entre quienes exigen mano dura y quienes advierten que castigar a los niños no solucionará el problema de fondo: la precariedad, el abandono estatal y la falta de oportunidades que los expone a redes criminales.
La realidad exige una acción coordinada entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil para proteger a los menores y garantizar justicia sin vulnerar sus derechos.
