Lunavictoria sostiene que esta acusación ha dañado gravemente su reputación, integridad y estabilidad emocional. Afirma no tener antecedentes penales ni vínculos con actividades ilícitas, y que su labor como sereno ha sido siempre en pro de la seguridad ciudadana. Previo a la querella, envió una carta notarial a Santiváñez exigiendo una rectificación pública, la cual no fue atendida.
El sereno solicita una reparación civil de un millón de soles y la imposición de la pena máxima correspondiente por el delito de difamación agravada. Además, ha expresado temor por posibles represalias, incluyendo la «siembra» de pruebas falsas en su contra, y no descarta acudir a instancias internacionales si no se le brinda justicia en el ámbito nacional.
Este caso pone en evidencia la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos al realizar declaraciones que pueden afectar la honra y seguridad de los ciudadanos. La demanda de Lunavictoria busca no solo resarcir el daño personal sufrido, sino también establecer un precedente sobre la importancia de la veracidad y prudencia en las comunicaciones oficiales.
Adicionalmente, ha presentado como parte de su denuncia una serie de pruebas documentales que incluyen certificados de trabajo, constancias de reconocimiento por parte de la municipalidad donde labora, y testimonios de vecinos y compañeros que respaldan su conducta intachable como servidor público.
También ha solicitado medidas de protección personal ante la Fiscalía, argumentando que ha recibido llamadas anónimas con amenazas veladas desde que hizo pública su intención de querellarse. En su declaración, subrayó que el daño causado no solo ha sido de carácter moral, sino también económico, ya que su imagen deteriorada le ha impedido acceder a oportunidades laborales complementarias y ha puesto en riesgo su estabilidad financiera.
