El crimen de trece mineros en Pataz (La Libertad), perpetrado por organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal, ha puesto nuevamente en evidencia una preocupante contradicción: mientras la violencia vinculada a esta actividad se intensifica en zonas clave del país, los fondos estatales destinados a enfrentarla siguen reduciéndose.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2019 y 2025, los presupuestos dirigidos a programas enfocados en minería ilegal, formalización minera, lucha contra el narcotráfico y manejo de conflictos sociales han experimentado fluctuaciones significativas.
El presupuesto destinado al Programa de Reducción de la Minería Ilegal (0128) ha caído de S/97,8 millones en 2019 a S/70,6 millones para 2025, lo que equivale a solo el 0,05% del presupuesto nacional y representa una baja significativa frente a los S/90,8 millones asignados en 2024.
José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, advirtió en declaraciones a La República que ni el Ejecutivo ni el Congreso muestran una verdadera voluntad política para enfrentar esta problemática, a pesar de hechos como la masacre en Pataz. “Lo ocurrido es una muestra directa del impacto de recortar S/20 millones al presupuesto”, afirmó. Actualmente, solo se ha ejecutado el 37% del monto asignado.
El programa de Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (0126) ha sufrido una reducción constante desde 2019, cuando contaba con S/27,2 millones, hasta llegar a su nivel más bajo en 2025, con apenas S/15,4 millones. En contraste, el presupuesto destinado a la Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas (0031) ha mostrado estabilidad, alcanzando su punto máximo en 2023 con S/316,5 millones, para luego caer a S/265,1 millones en 2025.
Por otro lado, el mayor incremento se observa en el programa enfocado en la Disminución de la Incidencia de Conflictos, Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas (0139), cuyo presupuesto se triplicó en seis años: de S/306,1 millones en 2019 a más de S/1.125 millones en 2025.
El exviceministro de Gestión Ambiental, José De Echave, considera que estas cifras reflejan un desinterés del Ejecutivo por combatir la minería ilegal. “Esto demuestra una falta total de dirección y capacidad por parte del Gobierno”, afirmó. Añadió que los recortes responden, en parte, al peso que tiene el sector informal e ilegal en el país: “Es un sector con fuerte influencia política y gran poder económico”.
También criticó al Congreso, al que acusa de estar alineado con intereses vinculados a la minería informal e ilegal: “Hay una bancada multipartidaria que actúa en coordinación con estos intereses”. Aunque reconoció la necesidad de distinguir entre informalidad y criminalidad, advirtió que en muchos casos esta diferencia no se hace.
