A la lista de periodistas sancionados por las autoridades marroquíes por su cobertura de la rebelión del Rif se añadieron anoche los primeros españoles: José Luis Navazo, director del “Correo Diplomático”, una publicación digital dedicada a cubrir Marruecos, y su colaborador Fernando Sanz Moreno.
A la lista de periodistas sancionados por las autoridades marroquíes por su cobertura de la rebelión del Rif se añadieron anoche los primeros españoles: José Luis Navazo, director del “Correo Diplomático”, una publicación digital dedicada a cubrir Marruecos, y su colaborador Fernando Sanz Moreno.
Sobre las ocho de la tarde del martes tres agentes de paisano la Dirección General de Seguridad Nacional se presentaron en el domicilio particular en Tetuán de Navazo donde se encontraban ambos periodistas, a los que pidieron que les acompañaran a la comisaría central de la ciudad, según relata el “Correo Diplomático”. Tras pasar por las dependencias policiales les condujeron en coche hasta el Tarajal, la frontera de Ceuta con Marruecos, donde a las once de la noche les acompañaron hasta el control policial español. No les dieron ningún motivo para justificar su expulsión ni tampoco les permitieron recoger algunos enseres personales antes de cruzar la frontera.
La expulsión es especialmente dolorosa para Navazo porque no solo reside de hecho en Marruecos desde hace 17 años sino que está casado con una mujer marroquí con la que tiene dos hijos que ostentan esa nacionalidad. Para que pueda verlos estos deberán ahora trasladarse a España
Aunque se trata de un medio de comunicación pequeño, el “Correo Diplomático” es el que, en lengua española, ha cubierto más exhaustivamente la revuelta del Rif. Esta empezó a finales de octubre y se ha agravado después de que a finales de mayo las autoridades de Marruecos trataran de acallarla reprimiendo las manifestaciones y deteniendo a cientos de activistas, de los que 184 están encarcelados cumpliendo ya condena o pendientes de juicio.
Navazo se muestra desconcertado por la decisión que le afecta. “Es incomprensible porque tratamos de hacer una cobertura equilibrada del Rif recogiendo obviamente el punto de vista de las autoridades, como el alcalde de Alhucemas, al que entrevistamos, o los comunicados del Gobierno civil”, comenta al teléfono. El “Correo Diplomático” entrevistó también en marzo al primer ministro Saadedine el Othmani.
La animosidad hacia Navazo por su cobertura del Rif afloró, sin embargo, a principios de la primavera cuando desde perfiles anónimos se le acusó en las redes sociales de ser nada menos que el jefe en Marruecos del servicio secreto argelino que estaría instigando la revuelta rifeña. Poco antes el director de “Correo Diplomático” había entrevistado a Nasser Zefzafi, el líder de las protestas en Alhucemas, detenido el 29 de mayo y a la espera de ser juzgado por atentar contra la seguridad del Estado.
Las autoridades marroquíes no acostumbran a expulsar a periodistas residentes en el país. A Luis de Vega, corresponsal en Rabat del diario madrileño “ABC”, le retiraron, por ejemplo, en 2012 su acreditación como periodista, pero no su permiso de residencia, por lo que en teoría podía permanecer en Marruecos, pero sin trabajar. El Ministerio de Comunicación puede argumentar así que no se ha producido una expulsión sino una mera retirada de acreditación.
Al margen de la expulsión de un periodista argelino en junio, las autoridades de Rabat se han cebado con la propia prensa marroquí, nacional y rifeña. La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció a principios de semana que ocho informadores marroquíes habían sido detenidos o estaban desaparecidos. Uno de ellos, Hamid Mahdaoui, director del diario digital Badil, ha sido incluso ya condenado a tres meses de cárcel, que está cumpliendo, por incitar a los rifeños a manifestarse.
Yasmine Kacha, responsable del área de África del Norte en RSF, aseguró que el “régimen marroquí está convirtiendo esa región del Rif, de forma gradual, en una zona sin acceso a información independiente mediante ataques físicos a periodistas presentes en las manifestaciones, detenciones de informadores y bloqueo de telecomunicaciones”.
