Marité Bustamante tiene 32 años, tiene estudios de Derecho y Ciencias Políticas y fue regidora metropolitana entre los años 2013 y 2014. Ella postula al Congreso de la República con el N°8 de Juntos por el Perú que encabeza la candidata a la presidencia, Verónica Mendoza.
Usted plantea medidas para cuidar el ecosistema tras la pandemia. ¿Cuáles son estas?
“Queremos contribuir al desarrollo de ciudades seguras, justas y sostenibles. Lima es una de las ciudades más vulnerables al cambio climático y en este contexto de pandemia, vemos la importancia de los espacios públicos para generar hábitos que permitan generar salud física y mental. Proponemos, por lo menos, tres líneas de acción: ampliar los espacios públicos, principalmente en los distritos con déficit en ellos. San Isidro tiene 18 metros de área verde por habitante, mientras que San Juan de Lurigancho tiene solo 2.3 metros de área verde por habitante. En segundo lugar, creemos que es muy importante que Lima sea consciente de su vulnerabilidad frente al cambio climático y por tanto, garantice la protección de los ecosistemas urbanos: valles, playas, humedales y además; dar la ley de los suelos”, sostuvo.
¿Cómo se podría ganar esos espacios públicos?
“El plan urbano de Lima de 2035 plantea el concepto de parques mirador. Nuestras ciudades han crecido hacia la ladera del cerro y hay muchas zonas calificadas como espacio público. Lamentablemente muchos barrios padecen la violencia de los traficantes de tierra. ¿Qué tiene que hacer el Estado?. Garantizar que esa área no sea terreno baldío, sino que esté arborizado y tenga infraestructura y mobiliario urbano que permita su uso para recreación y deporte”, recalcó.
También propone la reestructuración del Fondo Mivivienda. ¿Qué falencias ha encontrado?
“Un reciente estudio de Grade señala que el 50% de los fondos de Mivivienda son otorgados a proyectos Mivivienda que van a un tercio de la población con mayores ingresos. En una ciudad con déficit enorme de viviendas para los más pobres y donde el tráfico de terrenos es una realidad, no puede entregarse el subsidio del Estado a familias con más dinero. Hay que reorganizar el fondo para que el subsidio vaya a quienes más lo necesitan. Hay que redirigir los recursos para priorizar proyectos de vivienda social a bajo costo, reducir barreras de acceso al subsidio e incrementar la garantía del Estado para que los intereses se reduzcan”, sentenció.
I.W.M.H
