La exfiscal destituida, Marita Barreto Rivera, ha solicitado protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a posibles represalias por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Barreto alega ser víctima de una «persecución sistemática» contra autoridades que investigan actos de corrupción en el Perú.
La defensa legal de Barreto Rivera ha presentado una medida cautelar ante la CIDH para evitar persecuciones y hostigamientos tras su destitución del cargo. Junto a su equipo, que incluye al fiscal Fredy Niño Torres y a los coroneles PNP Harvey Julio Colchado Huamani y Walter Lozano Pajuelo, concluyeron su labor en el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) el pasado 27 de noviembre.
En el documento presentado, Barreto Rivera alega que su destitución como fiscal superior provisional y coordinadora del Equipo Especial es una represalia por los avances en investigaciones y decisiones judiciales sobre la detención preventiva del círculo más cercano a la fiscal de la Nación.
Ante la CIDH, Barreto solicita que el Estado peruano tome medidas para proteger su vida e integridad, extendiendo estas medidas a su núcleo familiar. Además, ha pedido la suspensión provisional de los efectos de la resolución de la Fiscalía que concluye su designación en el cargo de coordinadora del Eficcop.
La destitución de Marita Barreto, realizada por Patricia Benavides el 27 de noviembre, abarca la conclusión de sus funciones como fiscal superior provisional en Lima Centro. La resolución, obtenida por La República, pone fin a su designación como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, incluyendo la prórroga de sus vigencias.
