La exmilitante de Fuerza Popular y actualmente congresista no agrupada, María Cordero Jon Tay, cumple 120 días de suspensión del ejercicio de sus funciones sin goce de haber debido al recorte de sueldos hacia sus trabajadores. Ayer, 15 de febrero, por la tarde, la Comisión Permanente evaluó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), aprobado en noviembre. Este informe plantea una acusación por antejuicio por el presunto delito de concusión y suspensión del cargo mientras dure la investigación.
En el SAC, el documento fue aprobado por una amplia mayoría y, de acuerdo con el reglamento, al aprobarse en el Permanente, pasará a la agenda del Pleno. Una vez ahí, el presidente del Congreso debe ponerlo en discusión con carácter prioritario.
La expresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria Karol Paredes declaró a Perú21 que el informe de la SAC tendría que ser aprobado porque está basado en una investigación.
“Acá no se trata de que sea un congresista o un ciudadano de a pie, basta que una persona haya cometido una falta, debe ser sancionado, aquí nadie debe tener corona. Creo que ya estamos cansados de ver todos los días en la televisión los actos de corrupción. Es el momento de empezar a poner un pare, y si tenemos la oportunidad de hacerlo desde nuestra casa que es el Congreso, lo tenemos que hacer, y espero que de verdad todos estemos mirando en esa dirección porque es una forma también de ir reivindicando el Congreso como una institución a la que le debemos respeto”, acotó.
“Es el momento de empezar a trabajar bajo esos principios, debemos responder con acciones concretas justamente para que se recupere la confianza de la población hacia los políticos”, añadió.
