La administración de Donald Trump ha amplificado el “manual de guerra» contra las drogas en Estados Unidos y ordenado a las Fuerzas Armadas a endurecer las operaciones militares fuera del país, incluido amenazas de invasión terrestre contra gobiernos opositores.
La importante cadena de televisión estadounidense CNN sostuvo este sábado que “la guerra no declarada de la administración Trump contra los que llama ´narcoterroristas´ en América Latina abre un nuevo y agresivo capítulo en la historia de Estados Unidos”.
Puso de ejemplo el caso de Venezuela, bajo amenaza de una incursión armada por parte de Washington, después que el gobierno de Trump dispuso el pasado agosto la militarización del mar Caribe y acusar a Caracas de apoyar a los carteles de la droga, lo que ha sido rechazado por el país sudamericano.
Colombia, México, Brasil y otros, han advertido que la excesiva presencia de unidades navales, tropas y hasta un submarino nuclear, es una amenaza a la soberanía de otras naciones latinoamericanas. Cuestionan además el reciente indulto al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico, lo que contradice la política antidroga de la Casa Blanca.
CNN recuerda que durante el gobierno de Richard Nixon (1969-1974), la guerra contra las drogas fue una «campaña» entretejida en la política exterior y de salud pública de Estados Unidos, para “castigar severamente a los traficantes, distribuidores e incluso consumidores”.
“Las drogas siguen siendo un problema grave” en Estados Unidos, asegura el medio y cita en una entrevista a David Farber, profesor de historia en la Universidad de Kansas. Trump “ha decidido deliberadamente intensificar las actividades militares, incluyendo órdenes de matar de manera extrajudicial a personas percibidas como narcotraficantes. Así que esto es diferente”, dijo el editor de “La guerra contra las drogas: una historia”.
El magnate republicano de 79 años ha dispuesto atacar con misiles a las supuestas “narcolanchas” en el Caribe, que desde septiembre suman más de 80 personas muertas, bajo la sospecha de trasladar droga, pero el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lo ha considerado “inaceptable” por tratarse de ejecuciones extrajudiciales.
Faber recordó que en las décadas de los años 1970, 1980 y 1990, EEUU había optado con el encarcelamiento para “frenar la oferta” de las drogas y “hasta hace pocos años” intentaba “utilizar medidas de educación, rehabilitación y salud pública” para reducir la demanda en el país de mayor consumo de estupefacientes en el mundo.
EEUU, señaló, “tiene una larga historia de intentos de interceptar drogas provenientes de todas partes, desde Turquía hasta Colombia, y de lugares cercanos y lejanos”, y en ese proceso ha utilizado al ejército para parte de su política de interdicción (…) pero no con este tipo de letalidad, no con este intento deliberado de usar métodos extrajudiciales para matar a narcotraficantes”.
Líderes de América Latina han rechazado la injerencia de Estados Unidos en el proceso hondureño por violar su soberanía y recordaron que el tema del narcotráfico ha sido utilizado en las últimas décadas como pretexto por Trump para criticar a los gobiernos de progresistas en la región.
Las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras quedaron marcadas por una contienda presidencial muy reñida, pero con abierta injerencia extranjera, principalmente de Trump, que expresó su público apoyo al candidato Nasry Asfura, empresario de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, del derechista Partido Nacional. Trump anunció el miércoles la liberación de Hernández, condenado en EEUU a 45 años por liderar un cartel de la droga.
Dos de los tres principales candidatos presidenciales, el opositor Salvador Nasrralla y la oficialista Rixi Moncada, denunciaron la injerencia de Washington en las elecciones en el país centroamericano para favorecer Asfura, quien lidera el escrutinio de votos.
La “doble moral” de Estados Unidos, según los analistas, ha quedado expuesta en los casos del exgeneral Manuel Noriega (1983-1989) en Panamá y el exasesor presidencial de Perú, Vladimiro Montesinos, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), ya que ambos habían trabajado para la agencia de inteligencia (CIA) mientras traficaban drogas y protegían cárteles.
Trump incluso calificó a los cárteles mexicanos como “terroristas”, pero negociaba con sus líderes narcos en la nación latinoamericana, lo que para la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, es una contradicción de la política estadounidense.
Sheinbaum aclaró que México puede aceptar apoyo o recibir información como vecinos o socios, pero todo ello debe darse en un marco de colaboración sin subordinación. «Se equivocan los que llaman a la intervención de Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, somos un país soberano, independiente”, aclaró.
