La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, investigó que, durante once años, entre 2009 y 2018, la municipalidad de Magdalena aprobó, de forma irregular, 18 ordenanzas que permitieron la construcción de edificios de hasta 25 pisos. Las ordenanzas emitidas durante la gestión del exalcalde Francis Allison, permitieron la ampliación de alturas de cuatro a siete o diez pisos en la mayoría de parques de zonas residenciales, excepto en el parque Acosta, donde vive el exburgomaestre.
También, se ampliaron los criterios de colindancia. Según establece la ordenanza municipal 950 de Lima Metropolitana, que afecta a todo el distrito de San Isidro y parte de Magdalena (desde Salaverry hasta la Avenida Brasil), para estimar el número de pisos permitidos se realiza la semisuma entre las construcciones de al lado del predio en cuestión, con el objetivo de no modificar el perfil urbano. “Las ordenanzas permitieron que se realice este ejercicio con construcciones ubicadas en la misma e incluso en otras manzanas”, informó el ingeniero Enrique Castillo Álvarez, actual Gerente de Desarrollo Urbano y Obras de la municipalidad de Magdalena.
Debido a estas ordenanzas sólo entre 2016 y 2019 se han podido construir 67 de estas edificaciones. Pese a que fueron derogadas en diciembre del 2018, siete días antes de que acabara la gestión de Allison, aún se siguen construyendo estos edificios. Por su parte, Víctor León, procurador municipal de Magdalena, quien junto a su equipo lleva casi dos años investigando el caso, señaló que se aprobaron a pedido de diferentes regidores en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal. Por ello, el 21 de septiembre realizó una denuncia penal contra Allison y los miembros del Concejo durante los periodos 2007 – 2010, 2011 – 2014 y 2015 – 2018. Esta se encuentra en trámite en la Segunda Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
Por otro lado, la arquitecta Elena Gushiken, quien llegó hasta el Congreso para denunciar la tala masiva de árboles en el distrito con el objetivo de construir una vía doble en la calle Félix Diboz, explicó que además estas nuevas edificaciones no contarían con la Certificación Ambiental solicitada en la Ley 27446, lo que expone a los habitantes y al medio ambiente a impactos negativos. Al ver la tala de árboles y las irregularidades, Gushiken y otros vecinos prepararon un informe en el que se identifican los impactos ambientales y viales de estas construcciones, pero nunca fueron atendidos por la gestión de Alison. Por el contrario, incluso sufrieron agresión, como se puede ver en los videos subidos en la página Magdalena para la gente que crearon los mismos vecinos. Los diferentes pedidos de los vecinos tampoco recibieron respuesta del Congreso ni de la Contraloría General de la República.
C.B.J.P.A.
