El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, dio una entrevista para Perú21 TV, en donde conversó sobre la intervención ocurrida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estableció que la intervención realizada por la policía nacional fue de acuerdo a lo que establece la ley.
“La forma en cómo se produce el ingreso a la universidad, está justificado porque las personas que estaban dentro del recinto universitario se habían parapetado de tal forma que era imposible que la policía pudiera ingresar. Por eso, tuvo que recurrir a la fuerza y cuando se produce un allanamiento siempre hay una autorización para el descerraje”, explicó Lamas Puccio.
El especialista, también habló sobre lo que dicta la constitución ante un estado de emergencia, el cual estamos viviendo actualmente. Ante esta situación, se establece que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se suspende, cuando hay de por medio una situación de emergencia. “De acuerdo a las normas, el estado de emergencia se ha decretado a través de una disposición y por lo tanto algunas garantías fundamentales como la detención como la misma inviolabilidad del domicilio se suspenden de manera temporal, siempre y cuando exista una razón que lo justifique.”
“La intervención de la policía en la UNMSM está enmarcada dentro de las prerrogativas que señala la constitución, y por lo tanto la policía habría actuado bajo esos fundamentos”, aclaró.
Por otro lado, con respecto a la detención, estableció que esa situación merece un análisis completamente diferente. “Las detenciones requieren un análisis distinto, en el sentido de que el solo hecho de estar dentro del recinto universitario no justificaba una detención por lo menos en términos preliminares. Tengo entendido que las personas que fueron sorprendidas dentro del local y detenidas en términos preliminares han sido puestas en libertad porque la detención implica en alguna medida o un estado de flagrancia o alguna sospecha de alguna vinculación con la combinación de un delito determinado”.
El especialista también mencionó que para saber si lo ocurrido se trata de terrorismo, se debe realizar una investigación.
“Lo que tiene que investigarse, para saber si estos hechos encuadrarían dentro de la legislacion que reprime el delito de terrorismo en el Perú, es si hay la existencia de una organización terrorista con planes, con base ideologica y con lideres.
Además, tendria que demostrarse su pertenencia a una organizacion terrorista para afirmar si se trata de terrorismo o de delincuencia común”, dijo.
Asimismo, recalcó que si se tratan de delitos graves, aquellos que sean incorporados dentro de una investigación, pueden recibir penas entre 15 y 20 años de privación de la libertad.
“(…) Los hechos que se han producido son delitos graves que pueden acarrear penas entre 15 y 20 años de privación de la libertad para aquellos que sean incorporados dentro de una investigación. El hecho de que si es terrorismo o no, no desmerece la gravedad de las imputaciones sobre el particular”, afirmó el especialista en la entrevista.
