Protesta en la carretera a Balsapuerto
Un grupo de funcionarios de la Gerencia Subregional del Alto Amazonas, entidad adscrita al Gobierno Regional de Loreto, fue interceptado por pobladores indígenas del pueblo Shawi, en la región Loreto, mientras se dirigían al distrito de Balsapuerto. Los manifestantes mantenían bloqueada la carretera como medida de presión para exigir el avance de obras pendientes.
Según informó la comunidad, los reclamos se centran en el mejoramiento del tramo Nuevo Arica–Puerto Porvenir y la construcción de un puente artesanal sobre la quebrada Porotoyacu.
El “castigo con ortiga”
Durante la protesta, las mujeres shawis, vestidas con trajes tradicionales y hablando en su lengua nativa, aplicaron ortiga en el cuerpo de los funcionarios, en lo que denominaron un “castigo tradicional” por incumplimientos del Estado. En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo levantan la ropa de los servidores públicos para intensificar la reacción en la piel.
Este método es considerado por la comunidad como una forma de corrección frente a acciones que califican como injustas o negligentes. Tras el castigo, los funcionarios se comprometieron a dar pronta solución a las demandas, lo que permitió que se levantara el bloqueo.
Antecedente en Cajamarca
No se trata del único incidente de este tipo en el país. El pasado 2 de septiembre, en Jaén (Cajamarca), un grupo de ronderos campesinos castigó con chicotazos al gerente central de Administración y Finanzas de Corpac, José Luis López Guzmán, debido a las demoras en las obras del aeropuerto de la ciudad.
El hecho ocurrió en plena pista de aterrizaje, donde López fue interceptado por alrededor de diez ronderos y sometido a la sanción, mientras supervisaba los trabajos. Incluso, el alcalde provincial de Jaén, Francisco Delgado Rivera, presenció el episodio.
Estos casos ponen en evidencia la persistencia de mecanismos de justicia comunal en diversas regiones del país, que, aunque cuestionados por organismos de derechos humanos, continúan siendo utilizados por comunidades y rondas campesinas como medida de presión frente a lo que consideran incumplimientos del Estado.
