Con el objetivo declarado de fortalecer la lucha contra la violencia de género, el Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley N.º 32351, que obliga a los medios de comunicación a entregar una franja educativa equivalente al 10% de su programación. La norma ya fue publicada en el diario oficial El Peruano y ha generado posiciones encontradas.
Una franja educativa obligatoria
Según la ley, los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y de otras plataformas deberán garantizar, sin excepción, una franja educativa gratuita destinada a contenidos que promuevan la erradicación de la violencia contra mujeres y miembros de la familia. Esta franja será aprovechada por los sectores del Ejecutivo vinculados al Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
La medida, promulgada el 27 de mayo de 2025, fue propuesta como una modificación del artículo 46 de la Ley 30364. Señala que el contenido debe ser emitido en horario de protección familiar, promoviendo campañas de sensibilización y educación social.
Críticas por falta de reglamento y riesgo de manipulación política
A pesar de que el propósito de la norma parece legítimo, expertos y organizaciones advierten sobre los vacíos legales y la oportunidad de un uso político encubierto. La ley no establece con claridad quién controlará los contenidos, cómo se aplicará el 10% de programación ni qué sanciones habrá por incumplimiento.
En palabras de especialistas, esta ambigüedad puede abrir la puerta a que el espacio otorgado se utilice con fines partidarios, especialmente en un año preelectoral. Es decir, lo que se presenta como una medida educativa puede convertirse en una herramienta de propaganda disfrazada.
¿Control mediático?
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y juristas como Roberto Pereira han expresado su preocupación sobre esta norma, a la que califican como “peligrosamente ambigua” y con un carácter que podría violar la libertad de expresión. En declaraciones recogidas por otros medios, señalaron que se trata de una “intromisión directa del Estado en los contenidos de los medios”, algo que debería manejarse con cautela y sin imposiciones.
Una medida que necesita vigilancia
Aunque la ley tiene como objetivo enfrentar una problemática urgente —la violencia contra la mujer y la familia—, su aplicación debe ser cuidadosamente observada. La falta de reglamentación deja abierta la posibilidad de manipulación y, por tanto, exige que la ciudadanía, los medios y las instituciones de control vigilen su implementación.
